El pleno del Tribunal Constitucional resolverá el recurso de Bildu contra la anulación de sus candidaturas después de que los seis magistrados de la sala segunda que en principio debían pronunciarse sobre el asunto no hayan alcanzado un consenso tras varias horas de deliberaciones.
Así lo han informado fuentes del alto tribunal, que han señalado que el pleno del Constitucional -compuesto por once magistrados, ya que la vacante dejada por el fallecimiento en 2008 de Roberto García Calvo no ha llegado a cubrirse- se reunirá antes de las 21:00 horas.
Si en la sala segunda la división entre los considerados progresistas -Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera y Luis Ortega- y el llamado sector conservador -Francisco José Hernando, Ramón Rodríguez Arribas y Francisco Pérez de los Cobos- es de tres a tres, en el pleno los primeros tienen una mayoría de siete a cuatro.
Y es que a los anteriores habría que sumar en el bloque progresista al presidente del Constitucional, Pascual Sala, y a los magistrados Adela Asua, Pablo Pérez Tremps y Manuel Aragón, mientras que los conservadores sólo tendrían el apoyo de Javier Delgado.
Aunque el de Bildu es un recurso de amparo, cuya resolución corresponde en principio a las salas y no al pleno, éste puede asumir la competencia sobre estos asuntos por avocación.
Así, el artículo 10.1.n de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que el pleno de este órgano conocerá de cualquier asunto «que sea competencia del tribunal pero recabe para sí el pleno, a propuesta del presidente o de tres magistrados».
La sala segunda sí ha resuelto el recurso presentado por la agrupación electoral Candidatura Independiente de Zalduondo (Álava), que había sido anulada por el Supremo, y a la que por unanimidad ha acordado conceder amparo, por lo que podrá concurrir a las elecciones.
La Candidatura Independiente de Zalduondo era la única de las 11 anuladas por el TS que había recurrido y está compuesta por un solo candidato -Gustavo Fernando Fernández Villate- que, según alegaron la Fiscalía y la Abogacía General del Estado, presentaba «intensas» vinculaciones con los partidos ilegalizados.
En concreto, el Ministerio Fiscal impugnó la candidatura recordando que Fernández Villate fue candidato de las ilegalizadas HB, Euskal Herritarrok y AuB en diversos comicios desde 1993 a 2003.
En sus alegaciones, Fernández Villate incluyó un escrito en el que manifestaba su voluntad de llevar a cabo su actividad municipal única y exclusivamente por vías y métodos políticos pacíficos y democráticos.