Los progenitores tienen la obligación de llegar al Registro Civil con un acuerdo sobre el nombre y el orden de los apellidos de sus hijos, han insistido hoy los portavoces de los grupos popular y de CiU en el Congreso, que han pedido que no trasladen a los poderes públicos su incapacidad de decidir.
El pleno del Congreso ha aprobado por unanimidad una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) complementaria a la Ley del Registro Civil debido a que el nuevo modelo desjudicializa este ámbito.
Durante el debate, varios portavoces han hecho referencia a la solución aprobada por la Comisión de Justicia el pasado 4 de mayo, que rechazó la propuesta inicial del Gobierno y determinó que en caso de desacuerdo de los progenitores, el orden de los apellidos de los hijos será decidido por el encargado del Registro Civil atendiendo al interés superior de los menores, en lugar del orden alfabético.
«Si los padres tienen el derecho a establecer el orden, tienen la obligación de llegar al Registro con el nombre y el orden de los apellidos», ha recalcado la portavoz popular, Dolors Nadal, que ha expresado su preocupación por la actitud de los progenitores que «no tengan ni siquiera la capacidad de llegar a un acuerdo sobre esta cuestión».
La diputada del PP ha recordado que el Estado no puede suplantar «la falta de madurez» o la «incapacidad» de estos progenitores y ha destacado la necesidad de evitar que en los registros se puedan producir escenas de dos padres discutiendo por este asunto como si fuera «la barra de un bar».
En este mismo sentido se ha pronunciado Jordi Jané, de CiU, quien ha confiado en que estos casos de desacuerdo no se produzcan en muchas ocasiones «por el bien del nacido, porque mal va una familia si sus progenitores no están de acuerdo en una cosa que es su obligación», por lo que también ha pedido que no se trasladen a los poderes públicos su incapacidad.
Mientras, el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, ha considerado que el sistema aprobado se trata de una norma «en blanco» e insegura jurídicamente que, además, puede provocar litigiosidad.
Durante su intervención, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha alabado el consenso alcanzado para esta reforma y ha recalcado la modernización que permitirá a los ciudadanos acceder telemáticamente al Registro Civil, que pasa a ser un órgano administrativo, frente al diseño actual en el que cada registro está a cargo de un juez.
Según ha señalado Caamaño, el nuevo modelo supondrá un avance «de décadas» respecto a su funcionamiento actual. El ministro se ha referido también a la reforma del artículo 30 del Código Civil que permitirá la inscripción del recién nacido sin tener que esperar a que transcurra el plazo de 24 horas hasta ahora vigente, además de a la constitución del archivo de fallecimientos prenatales.
Los portavoces del PNV y de CiU han destacado también el respeto del proyecto a las competencias autonómicas y a la cooficialidad lingüística del proyecto.
Asimismo, los grupos se han felicitado por el reconocimiento que, finalmente, el proyecto de ley hace de la labor de los Juzgados de Paz, así como de la consideración de los documentos de los Registros Civiles sean considerados patrimonio histórico y no sean destruidos.