- Un estudio realizado en la Universidad de San Diego, pero aplicable a España según sus redactores, detecta que el tratamiento médico a las personas sin hogar es largo, continuo y muy caro
Una persona sin hogar consume al año en sanidad y prestaciones sociales en torno a los 7.700 euros. Este colectivo será uno de los principales afectados por los recortes sanitarios previstos en la mayoría de las comunidades autónomas para después de las elecciones. Cataluña ya ha anunciado que reducirá su presupuesto sanitario 1.000 millones de euros lo que obligará a los hospitales a recortar sus gastos entre un 8 y un 16%, a suprimir dos mil camas, a clausurar plantas enteras y despedir a 10.000 de los 70.000 trabajadores de su sistema de salud, según datos facilitados esta semana por el secretario general de UGT en Cataluña, José Álvarez
Algunos expertos califican esta medida de “gran contradicción” al coincidir en el tiempo con una reducción de los fondos destinados a la reinserción social de personas sin hogar (PSH), un sector que absorbe recursos sanitarios muy caros y regulares. Alertan que esta situación puede provocar graves problemas de atención hospitalaria, especialmente durante el invierno. España es el tercer país de la UE que menos invierte en políticas sociales, el segundo en tasa de pobreza, el último en gasto público sanitario y el antepenúltimo en gasto por habitante.
Un pormenorizado estudio realizado recientemente en ciudades como Nueva York y Londres demuestra la enorme inversión sanitaria que requiere un PSH. El informe, elaborado el director de unidad de la emergencia del hospital estadounidense de San Diego, James Dunford, parte de un realismo implacable: Toda admisión hospitalaria de un sin techo llega acompañada “de un cuadro médico realmente complejo”. El 29,1% de los PSH que hay en España tiene una enfermedad grave o crónica y el 10% asegura tener problemas de alcoholismo o drogodependencias. Estas dolencias provocan que muchos de ellos desarrollen un absceso pulmonar o que presenten cuadros de hipotermia derivados de la lluvia y el frío. Al final, algunos acaban en la unidad de vigilancia intensiva con infecciones médicas severas. “También son muy normales los trastornos neuroquirúrgicos por golpes en la cabeza que pueden generar hematomas cerebrales que, si no son drenados, les pueden matar”, señala Dunford. El alcoholismo que muchos de ellos arrastran provoca afecciones hepáticas devastadoras que les incapacitan para luchar contra las infecciones. “Y todo lo que hacemos con ellos es recuperarlos para volverlos a mandar a la calle”, añade el médico estadounidense.
El estudio se basa en el seguimiento a 15 sin hogar alcohólicos. Tras 18 meses de seguimiento, los expertos descubrieron que todos ellos habían sido tratados 417 veces en urgencias del hospital, con dolencias complicadas y tratamientos muy caros. “Habría sido probablemente más barato ponerles una enfermera a jornada completa y un apartamento propio”, indica en el informe. El director de emergencias del hospital de San Diego no duda al asegurar que el resultado obtenido puede ser aplicable en España.
La solución de los albergues no convence a los expertos. Ni siquiera entre los sectores conservadores norteamericanos encargados de ordenar a los ‘sin techo’, quienes han empezado a percibir que estos centros sirven si la mendicidad fuera un problema inmanejable pero en la actual situación sólo perpetúan la situación de exclusión. El Ayuntamiento de Madrid aprobó para este año una partida de 920.000 euros destinados a centros que la mayoría de los ‘sin techo’ rechazan y cuyo periodo de estancia es difícil que supere los dos días.
En España hay 619 refugios donde las PSH pueden dormir, asearse e incluso guardar sus enseres, aunque existen algunas limitaciones. “Los albergues exigen demasiado”, explica María, una ‘sin techo’ de Madrid. Iván Torres, de la agrupación universitaria Solidarios, considera que la solución para este tipo de personas no es abrir albergues, “sino más bien habilitar medidas sanitarias, de asistencia y de trabajo individualizado. Cuando un problema está tan concentrado puedes volcarte en él y pensar en cómo resolverlo”, afirma. Torres cree que los comedores y los albergues perpetúan la cronificación y que serían efectivos si el problema fuera inmanejable. Mariano tenía apellido pero siempre se lo reservaba. Murió en diciembre, un día en el que el frío cortaba la respiración, con los pulmones perforados por la tuberculosis. Tenía 41 años y llevaba viviendo más de seis años a caballo entre la calle y la caridad de forma anónima. Su amiga Ángeles, dice sentirse abatida.
“Llamamos dos veces al Samur social pero se negó a acompañarles porque tenía miedo a que le metieran en un psiquiátrico. Decía que su mal no estaba en la cabeza, que estaba en otro sitio, pero no dejaba de toser. A la tercera, se lo llevaron incapacitado, con la policía”, recuerda.
La necesidad de racionalizar los recursos públicos ha empujado a variar sus políticas a ayuntamientos como el de Nueva York o Londres, “donde la solución al problema de las PSH es una cuestión electoral”, señala el psicólogo Manuel Muñoz.
La premisa de la que parten esas políticas contra la pobreza es el alto coste de los servicios actuales —sanitarios y asistenciales—, mucho menos efectivos y rentables que los pisos tutelados. Según los cálculos de los expertos, una PSH a viene a costar unos 7.700 euros al año mientras que un apartamento social tutelado puede costar unos 5.500 euros al año, lo que significa que se puede albergar y cuidar de una persona sin hogar por mucho menos de lo que costaría viviendo en la calle. La idea es que una vez estabilizados puedan encontrar trabajo y comiencen a asumir personalmente su propio alquiler, lo que ahorraría dinero a las arcas municipales. Sus promotores pretenden desechar la idea de la financiación de programas que sólo sirven a un determinado grupo de indigentes e invertir en políticas que realmente acaben con los mendicidad crónica.
Pero la medida choca con múltiples escollos. El primero es que estas medidas pueden ser válidas desde una perspectiva económica, pero desde un enfoque político no parece tan justo. En España, miles de personas cursan diariamente ayudas similares. “¿Por qué va obtenerlo un mendigo que no quiere trabajar y no un pobre con dos trabajos y cinco hijos”, comenta un comerciante del centro de Madrid, donde suelen concentrarse el 30% de las PSH, que también se queja de que la presencia de estas personas ahuyenta a sus clientes. “Dan mala imagen”, dice.