El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha tachado este viernes de «lamentable» la circular de obligado cumplimiento remitida por la Fiscalía General del Estado a sus subordinados para sacar el caso Faisán de la Audiencia Nacional alegando que el delito de colaboración con organización terrorista requiere una «adhesión ideológica».
La Fiscalía se ha pronunciado de esta manera después de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz procesara al exdirector general de la Policía Victor García Hidalgo, al jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies y al inspector José María Ballesteros por el denominado caso del «chivatazo» a la banda terrorista ETA por los delitos de colaboración con organización terrorista, encubrimiento y revelación de secretos.
Según ha denunciado el dirigente ‘popular’, en una entrevista en la Cadena Cope recogida por Europa Press, el Ministerio Público está actuando de «abogado defensor» del Gobierno, por lo que ha esperado que el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, sea el «último fiscal político» de la historia de los fiscales en España.
«Antes de esta instrucción el fiscal ya ha pedido varias veces que, en el caso Faisán, se archiven las actuaciones, se marche de la Audiencia Nacional y se aparte el juez que lo está instruyendo. El fiscal está actuando como un abogado defensor de los altos cargos políticos, bien cómodos en sus sillones del Gobierno, que pudieron estar detrás de este hecho. No merece otro calificativo más que el de lamentable», ha recalcado Pons.
«No es creíble»
Dicho esto, el vicesecretario de Comunicación del PP ha avisado de que no es «creíble» que los policías procesados no hubieran dado el chivatazo a la banda terrorista ETA sin el consentimiento del ministro del Interior en aquel momento y ahora candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, y de su número dos y actual responsable de la cartera ministerial, Antonio Camacho.
«Un policía cumple órdenes. No me creo que la policía desarticule una operación sino se lo ordenan los políticos. En este caso, los policías que han podido hacer algo cumplían órdenes de políticos», ha señalado para comentar que lo que ha hecho el Gobierno «es interferir, a través de la policía, una operación del poder judicial. Ha habido un gravísimo atentado contra la independencia del poder judicial».
Por ello, Pons ha asegurado que Rubalcaba está «políticamente implicado» y «procesado» en este caso y ha advertido de que el «agua» de este caso ha «ahogado ya» al exdirector general de la Policía y está «mojando los pies» a Camacho. No obstante, ha criticado que con su nombramiento como ministro se haya establecido un «corta fuegos a los pies de Rubalcaba» para que esta trama no le llegue a afectar.
«Camacho podía haber sido llamado como imputado o como testigo pero al hacerlo ministro lo han aforado. Si ahora el juez Ruz quisiera imputarle tiene que enviarle el caso al Tribunal Supremo e, incluso, si quisiera llamarlo a testificar ya tiene el derecho a hacerlo por escrito», ha comentado el dirigente ‘popular’. Además, ha recordado que no puede ser ministro del Interior el que ha sido el «superior jerárquico inmediato» de un jefe de la policía que «ha traicionado a los policías».
El Gobierno no puede «desacreditar» un auto judicial
Asimismo, Pons se ha referido a las declaraciones que realizó el jueves el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, –dijo que el auto del juez es «probablemente es una suma de indicios más bien especulativos»– y ha reconocido que le hubiera gustado que hubiera tenido una «contundencia similar» a la hora de valorar la sentencia del Tribunal Supremo que permitió a Bildu presentarse a las elecciones.
Por ello, el dirigente ‘popular’ ha recordado al PSOE que no pueden desacreditar las decisión judiciales que les afectan y que siempre tienen que respetarlas. En este sentido, ha lamentado que los socialistas obliguen a los ‘populares’ a extraer consecuencias políticas cuando imputan a unos compañeros –refiriéndose al ‘caso Camps’— y no lo extraigan ello cuando hay un procesamiento de la cúpula del Ministerio del Interior.
«Lo que no se puede es pedir respeto para las decisiones judiciales cuando afectan al PP y desacreditar las decisiones judiciales cuando les afectan, y pedir que tengan consecuencias políticas las decisiones judiciales cuando imputan y no reconocerlas cuando se procesa. No me parece bien que sea Jáuregui el que critique esta decisión y no lo haga con otras», ha concluido Pons.
Estrella Digital/EP