Los primeros controladores aéreos en declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid por la huelga encubierta del pasado diciembre han alegado que abandonaron sus puestos de trabajo los días 3 y 4 de diciembre al darse de baja médica por razones «psico-físicas» provocadas por el estrés de la situación laboral que vivían por los decretos aprobados por el Gobierno y han negado que estuvieran organizados para secundar un paro encubierto, que perjudicó a más de 600.000 personas en toda España.
La magistrada había citado este lunes a cuatro controladores, pero sólo han comparecido Ignacio B.D y Adolfina C. V. En total, deberán prestar declaración en los próximos meses dieciséis controladores por delitos de sedición y abandono de sus puestos de trabajo.
El delito de sedición aérea, recogido en la Ley Procesal Penal de Navegación Aérea de 1964, y de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Navegación Aérea, está castigado con penas de cuatro a ocho años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por ese mismo tiempo.
Las comparecencias se producen en el marco de la investigación por lo ocurrido en el aeropuerto de Barajas entre los pasados 3 y 4 de diciembre cuando más de 50 controladores decidieron abandonar de forma masiva sus puestos, provocando que AENA ordenada el cierre del espacio aéreo y el Gobierno decretara el estado de alarma.
El primero en desfilar por el Juzgado ha sido Ignacio B.D., cuya declaración se ha prolongado por cerca de tres horas y en la que se ha negado a contestar a las preguntas de la acusación particular, según fuentes jurídicas. El imputado ha esgrimido que abandonó su puesto por razones psico-físicas debido al estrés producido por la tensión creada por el conflicto con el Gobierno.
Según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas, el controlador ha negado que estuvieran organizados, tal y como sostienen las acusaciones con motivo de la reunión que se produjo en un hotel de Torrejón de Ardoz.
Por otro lado, Adolfina C. V. ha indicado que se dio de baja por la tensión que le había creado un incidente debido a un amago de accidente entre un helicóptero y un avión.
Además, ha negado que participara en la reunión en Torrejón de Ardoz. Su abogado, Carlos Vila, ha reconocido que el estrés que tenía también se debía a la tensión que vivía el colectivo por la situación con el Ejecutivo central.
«Aquí se ha abierto una causa general inquisitorial contra un colectivo», ha recalcado el letrado, quien ha señalado que se debería individualizar cada caso.
10.000 euros por daños morales
Antes de las declaraciones, el portavoz de la Agrupación de demandantes afectados por el cierre del espacio aéreo, Luis Vericat, que representa a más de 8.000 afectados, ha indicado que se reclama que indemnicen a los damnificados con 10.000 euros por daños morales y la cuantía que se establezca por daños materiales.
Los demandantes exigen responsabilidades a los controladores por los daños provocados por el caos aéreos originado en el pasado puente de la Inmaculada.
Asimismo, junto a la acusación particular en el proceso penal, los abogados de los afectados presentarán una reclamación de responsabilidad patrimonial contra AENA, que podría superar los 10 millones de euros.