El diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha avanzado este jueves que, en cuanto la Mesa del Congreso rechace su impugnación por el procedimiento acelerado de la reforma de la Constitución auspiciada por PSOE y PP, recurrirán en amparo ante el Tribunal Constitucional y pedirá su paralización.
IU-ICV impugnó ante la Mesa del Congreso la tramitación urgente y en lectura única de la reforma constitucional al considerar que es un procedimiento «fraudulento». Una vez que el órgano de gobierno de la Cámara Baja rechace el escrito, como es previsible dada su composición, a coalición de izquierdas recurrirá en amparo ante el TC y pedirá que se suspenda su entrada en vigor.
Junto con esta medida, Llamazares y Nuria Buenaventura (ICV) han preparado un escrito para pedir formalmente la celebración de un referéndum sobre la reforma auspiciada por PSOE y PP. La solicitud se pasará a los diputados para que la firmen ya que se necesita que lo pida la décima parte de la Cámara (35 diputados).
Ambos diputados han expresado su deseo de poder alcanzar esa cifra en el Congreso o de lograr sumar las 26 firmas que se requieren en el Senado. Llamazares ha vuelto a dirigirse a los parlamentarios del PSOE para animarles a dejar de primar la «disciplina electoral o partidista y a empezar a hacer prevalecer su conciencia ética como representantes de la ciudadanía».
Ante el debate parlamentario de este viernes, IU e ICV han presentado una enmienda de totalidad con texto alternativo y han anunciado que su rechazo a la propuesta de los dos partidos mayoritarios será «sonado». «Haremos ostentación de nuestra exclusión del consenso de manera plástica», ha avanzado Llamazares, rehusando dar más detalles sobre sus planes que, al parecer, incluyen un plante, con salida del hemiciclo incluida, de representantes de gran parte de los partidos minoritarios.
Millones de personas fuera de la Constitución otorgada
Pese a sus críticas a la actitud «excluyente» de PSOE y PP, Llamazares ha agradecido a uno de los negociadores socialistas, el diputado Francisco Fernández Marugán, que se haya puesto en contacto con él, aunque una vez constatado su rechazo al fondo y las formas, no vayan a volver a hablar.
El diputado de IU ha denunciado que la «Constitución otorgada e impuesta» que propugnan PSOE y PP «deja fuera a millones de personas», rompiendo el consenso de 1978. «Se trata de un golpe bipartidista a la Constitución con el que se quiere convertir al Parlamento en una Cartuja, en un convento con voto de silencio». «SE han cargado las bases de nuestra convivencia democrática», ha remachado.
Por eso, ha proclamado que Izquierda Unida, la «tercera fuerza política del país», se siente «desligada» de la Constitución y no se responsabiliza sus efectos, unas consecuencias que, a su juicio, ya se están notando, por ejemplo, en los recortes puestos en marcha en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Madrid o Cataluña.
Sí a la huelga general
El tema es tan grave para el diputado de IU que se ha confesado partidario de que este «golpe a la Constitución» reciba una respuesta «contundente» que incluya incluso una huelga general, aunque ha subrayado que esa decisión corresponde a los sindicatos. Además, ha garantizado que IU apoyará todas las movilizaciones contra la reforma.
Llamazares ha presentado el texto alternativo que han registrado como una «Constitución de los ciudadanos y no de los mercados» y una impugnación a la «obsesión por el déficit» de los dos partidos que lo único que va a provocar, según ha pronosticado, es más paro y más recortes sociales. «Es una amputación al ya precario Estado de bienestar», ha apuntado Buenaventura.
En concreto, IU e ICV proponen que la Carta Magna garantice «como mínimo» la convergencia con la media de la Unión Europea en «gasto y protección social, calidad del empleo, protección ambiental y justicia fiscal».
También plantean que se introduzca una mayor concreción del principio de progresividad fiscal, explicitando, por ejemplo, la defensa de un impuesto a las transacciones financieras y los movimientos especulativos, la obligatoriedad de perseguir el fraude fiscal y la eliminación de los paraísos fiscales.
En lo relativo a la deuda, abogan por que la Constitución permita investigar la legitimidad de las condiciones conseguidas por los suscriptores de deuda pública para garantizar que sean equitativas y no afecten a las necesidades sociales.
Actualización de la Carta Magna
Además, IU e ICV han aprovechado la propuesta de reforma promovida por PSOE y PP para defender la «actualización» de otros preceptos de la Carta Magna. Así, demandan que toda revisión constitucional, con la excepción de las meramente técnicas o terminológicas, se sometan a referéndum y que se aborde una reforma política del Estado que contemple una consulta sobre monarquía o república y la transformación del España es un Estado federal.
Ambas formaciones también quieren que se incrementen las garantías para la efectividad del derecho a un trabajo y una vivienda dignos, a la salud, la educación, el disfrute del medio ambiente y el derecho al sufragio activo de los emigrantes y los inmigrantes.
Asimismo, apuestan por un sistema electoral «realmente proporcional», la supresión de la pena de muerte que aún está vigente para tiempos de guerra y que se renuncie a los conflictos bélicos como instrumentos de política internacional. Garantizar la laicidad del Estado, la reforma del Senado y la renovación del Tribunal Constitucional y el refuerzo de la independencia de sus miembros, son otras de las reformas que defienden IU e ICV.
Redacción