Los portavoces del PP y el PSOE en el Senado han defendido este miércoles la reforma constitucional que ultima la Cámara Alta como una garantía para el futuro del Estado de bienestar y como una decisión que debe acometerse por «responsabilidad política» y de forma urgente para lograr que sea efectiva. En el debate plenario de la reforma que establecerá una disciplina presupuestaria en la Carta Magna, han tomado la palabra en el turno a favor el portavoz del grupo popular, Pío García Escudero, y la representante socialista, Carmela Silva.
Ambos han coincidido en muchos de los argumentos con los que han tratado de justificar la necesidad de la modificación normativa, que este miércoles quedará aprobada definitivamente y que supondrá cambiar el artículo 135 de la Constitución para consagrar la estabilidad presupuestaria y alejar el déficit público en las Administraciones. Con la presencia en el hemiciclo de los vicepresidentes Elena Salgado y Manuel Chaves y de siete ministros, los portavoces han hecho valer la fuerza del acuerdo político entre los dos principales partidos para modificar la Carta Magna.
García Escudero ha dicho que el «pacto político y económico» entre socialistas y populares tiene un «enorme valor» porque constituye «un compromiso» que están dispuestos a «garantizar en el futuro». Y ha remarcado que este consenso permitirá «sentar las bases» del futuro económico de España y supone un «ejercicio de responsabilidad política» en el momento de «especial gravedad» por el que atraviesa la economía española y los ciudadanos que sufren sus consecuencias.
La limitación del déficit público con rango constitucional es algo «necesario, y en las actuales circunstancias, oportuno, responsable e inaplazable», ha subrayado el diputado del PP. Pío García Escudero ha apuntado además que no se trata de una «medida de choque» coyuntural, sino una aportación de cara al futuro para acabar con prácticas de «mal gobierno» que por otra parte el PP sostiene por «coherencia» ya que lo viene proponiendo durante toda esta legislatura.
También ha afirmado, frente a quienes tachan la reforma de «antisocial», que es precisamente todo lo contrario, esto es, «profundamente social» puesto que no hay nada más social que el «compromiso permanente» con unas cuentas públicas saneadas. Según García Escudero, «sin rigor presupuestario ni equilibrio fiscal no hay Estado del bienestar que se sostenga».
«Demagogia fácil»
En este argumento ha coincidido la portavoz socialista, Carmela Silva, para quien los reproches sobre lo «antisocial» de la modificación no son más que «demagogia fácil» puesto que la reforma es «necesaria» y permitirá poner en marcha políticas económicas y sociales «para una sociedad más justa» porque, ha enfatizado, «no podemos permitirnos ni una deuda ni un déficit excesivos».
Si ello ocurriera, no sería posible hacer las políticas propias de los «progresistas», ha apostillado, a favor de los servicios sociales, ya que no se pueden llevar a cabo con una situación económica insostenible. Como ejemplo de las consecuencias que podría tener el aumento de la deuda pública ha citado a los países europeos intervenidos como Grecia, Irlanda o Portugal.
«Las causas están más que justificadas, las causas y la urgencia», ha insistido Silva. Entre estos motivos ha recordado la necesidad de actuar frente a una situación económica excepcional para demostrar «no sólo a los mercados, sino a toda la economía mundial, que somos un país serio y solvente en el que se puede confiar y que hace frente a sus compromisos».
Se trata de dar «un mensaje fuerte de solvencia y de confianza» y de hacerlo ahora porque si no, ha advertido, podría «llegar tarde».
En este sentido ha dicho que el referéndum que reclaman las minorías de izquierda para consultar la modificación constitucional sería «contraproducente» porque «inutilizaría» la medidas y la retrasaría llevándola a «plazos muy peligrosos» y creando «más incertidumbre».
También ha negado que limite la economía de las Comunidades Autónomas y entidades locales y ha dicho que no afecta al modelo territorial. Carmela Silva, que ha apelado en su discurso a la «responsabilidad», al «rigor» y al «amor a nuestro país», ha dedicado unas palabras a reconocer el papel y la «generosidad» del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al hacer frente a la crisis en los últimos tres años.