El Tribunal encargado del juicio del caso ‘Malaya’, contra la presunta corrupción en la localidad malagueña de Marbella, retomará este lunes las sesiones de vista oral con el último bloque, en el que están acusados empresarios, por supuestos pagos al presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y exediles del Ayuntamiento marbellí, por supuestos cobros. Son más de 50 los acusados en esta parte.
Así, declararán en este bloque, además de Roca, los exalcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe; exediles como Isabel García Marcos, Tomás Reñones y Rafael González; el que fuera secretario municipal Leopoldo Barrantes y empresarios como José Ávila Rojas, Rafael Gómez, ‘Sandokan’, Tomás Olivo, los responsables de la promotora Aifos o José María González de Caldas.
Esta parte tratará de delitos de cohecho, malversación y prevaricación, aunque la Sala prevé comenzar con el apartado sobre el delito de tenencia ilícita de armas, en el que está acusado el exjefe de la Policía Local, Rafael del Pozo, por las pistolas intervenidas; y continuar con el del Rolls Royce y el de la supuesta entrega de vehículos a Yagüe, que afecta a ésta y al empresario Ismael Pérez.
En el caso de los coches, la Fiscalía sostiene que el empresario supuestamente habría regalado al menos cuatro vehículos a Yagüe y que debido a la deuda que el Ayuntamiento tenía con él por los contratos de renting, éste dijo a los responsables municipales su intención de hacer público ciertos hechos, entre ellos el de los vehículos presuntamente regalados.
Tras estos apartados, se abordará el delito de cohecho, por el que se acusa a empresarios y exconcejales. Tanto los investigadores como el fiscal han venido manteniendo que pese a que Roca no era cargo electo, ni tenía la jefatura de servicio municipal alguno éste ostentó «una posición de dominio sobre la corporación municipal», según las conclusiones provisionales.
En el escrito del ministerio público se precisa que la situación de poder «se sustentaba en el soborno sistemático y generalizado a sus distintos integrantes, mediante el pago regular de importantes cantidades de dinero». Esto permitía, dice el fiscal, «disponer a su antojo de la voluntad de las autoridades municipales en orden a las resoluciones que estos pudieran adoptar, fundamentalmente en el ámbito urbanístico».
Fondos
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los fondos que Roca supuestamente «aplicaba a los sobornos de los munícipes y empleados del Ayuntamiento procedían de los pagos que hacían a dicho procesado promotores y empresarios», que están acusados en este último bloque. Según la acusación, el importe de las aportaciones de los distintos constructores procesados a Roca alcanza los 33 millones de euros.
De esta cantidad, supuestamente recaudada en el periodo 2002-2006, la acusación pública sostiene que el principal acusado «destina a los sobornos a los diferentes concejales y funcionarios municipales la suma de 5,2 millones de euros, con lo que «el señor Roca se queda con la parte más sustanciosa de lo recaudado de los empresarios y promotores», se precisa en las conclusiones provisionales.
El fiscal Anticorrupción indica que el control de los fondos «lo llevaba desde la entidad Maras Asesores». En el registro de las oficinas de esta sociedad se localizó una serie de archivos informáticos «en los que supuestamente se reflejan los apuntes contables –ingresos y salidas– de los fondos que ilícitamente llegan a su poder».
Así, según han indicado fuentes judiciales a Europa Press, se ha citado también a otros dos procesados que ya declararon en otros bloques, que son Sergio Santana y Salvador Gardoqui. La previsión del Tribunal es que esta parte se prolongue durante varios meses, con la intención de dejar el juicio visto para sentencia antes de verano de 2012.