La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) está registrando desde las ocho de la mañana las dependencias de las Consejerías de Sanidad y de Presidencia del Gobierno murciano para recoger información. A lo largo de la mañana seis personas han sido detenidas, entre ellas el propio alcalde de la localidad de Aledo, el popular Simón Alcaraz y un imputado.
En concreto, los agentes de esta unidad especializada de la Benemérita se desplazaron a Murcia hace varios días aunque ha sido este martes cuando ha dado comienzo esta operación.
La investigación de los agentes de la UCO de la Guardia Civil, desplazados a Murcia hace varios días, podría estar relacionada con la actuación de determinadas personas «que pudieran integrarse en la Administración en su calidad de funcionarios, alguno ya fallecido, y que pudieran haber favorecido expedientes administrativos relacionados con la contratación».
Así lo ha confirmado en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Manuel Campos, que ha puntualizado que «en algún momento pudieran unirse a la investigación que en su día se abrió en el Ayuntamiento de Librilla».
En concreto, en la operación ‘Biblioteca’ –en la localidad de Librilla–, que saltó a la luz en noviembre de 2008, se investigaban los presuntos delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. En virtud de la misma, tanto el alcalde por aquel entonces, José Martínez García, y el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Martínez, ingresaron en prisión.
En esta línea, Campos ha precisado que «por el momento no consta ninguna detención», aunque ha apuntado que podrían producirse «aunque no con relación a funcionarios ni con personal administrativo, sino a alguna persona implicada y perteneciente al ámbito de la empresa privada».
Los registros de la UCO han comenzado a primera hora de la mañana tanto en la Consejería de Sanidad como de Presidencia, a instancias del auto del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, el mismo que en su día investigó la presunta trama de corrupción en Librilla.
Aunque dichas diligencias son secretas, según Campos, ha sido en virtud de este auto judicial por el que se ha solicitado una serie de documentación de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia con relación a «expedientes que datan de 2003 a 2007».
Intervención de documentación
Según ha relatado Campos, a las 8.30 horas «nos han avisado y me he trasladado a la Consejería, donde he dado instrucciones para que desde los distintos departamentos de la Secretaría General se pusieran a disposición de la Guardia Civil y ya se ha intervenido la documentación que el Juzgado quería comprobar».
Con posterioridad, Campos ha dicho que ha tenido conocimiento que «también se estaba realizando una intervención de documentación en virtud de auto judicial en Sanidad y que pudiera estar relacionada con expedientes de contratación».
En concreto, esta documentación «podría estar relacionada con algún tipo de contratación respecto a actuaciones en el ámbito de la contratación de Sanidad».
Los expedientes, ha concretado el consejero, datan de entre 2003 y 2007 respecto a una investigación abierta en 2008 y que «pudiera determinar que existiera un entramado de empresas que hayan tenido relación con algunos funcionarios que pudieran haber favorecido a algún municipios, esto es lo poco que se sabe».
Contratos suscritos con empresas privadas
De hecho, ha asegurado que le consta que se realizó un expediente de información «reservada» que se concluyó siendo consejero Fernando de la Cierva, y «se les ha facilitado ese expediente pero hay que esperar a que concluya la investigación judicial para saber el contenido de la documentación que se está estudiando y finalmente si hubiera que hacer algún tipo de actuación administrativa la haríamos».
Se trata de información relacionada con «algunos contratos que pudieran haberse suscrito con empresas de carácter privado». Al hilo, ha advertido que si el Gobierno regional «tuviera que personarse en las actuaciones para exigirles las responsabilidad que procediera a quien procediera así lo haríamos».
De ahí que ha dejado claro que Sanidad y Presidencia «son dos departamentos distintos, con personal diferenciado y, por tanto, se trata de actuaciones que pudieran estar relacionadas, ya que pueden tener conexión, pero se trata de cuestiones distintas».
La UCO se personó este martes en la Secretaría General, donde solicitó, según el consejero, «documentación en virtud de un auto judicial que requería documentación de los servicios de dicha Secretaría, así como de la Vicesecretaría, del Servicio Económico y de Informática».
«Se han facilitado todos los expedientes y he dado instrucciones a la Vicesecretaría para que acompañase al alférez de la Guardia Civil con el equipo actuante para que pudieran tener a su disposición información que necesiten», ha explicado.
Campos, quien ha expresado su deseo de que «pronto se aclaren los hechos», ha mostrado su colaboración con el juez de instrucción encargado del caso, Andrés Carrillo, y con la Benemérita, para señalar después que esta actuación judicial «nada tiene que ver con hechos en los que pudiera tener alguna relación o participación el Gobierno regional».
Según ha informado la ex edil en declaraciones a Europa Press, que ocupó su cargo en la pasada legislatura, se trataba de unas concesiones que «contaban con modificaciones de lo presupuestado anteriormente», y con facturas «irregulares, sin firmar y sin dirección de obras, que sumaban miles y miles de euros».