Después de que este jueves saliera a luz que el consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid consiguió colocar a su esposa en un puesto en el consejo de Administración de una filial de Caja Madrid, este viernes se ha sabido que la mujer del propio vicepresidente del Gobierno de Aguirre, Ignacio González, ha sido contratada por la Confederación de los empresarios madrileños (CEIM), por un salario 78.000 euros brutos al año.
Tal y como hacía público este viernes el diario El País, el presidente de los empresarios madrileños (CEIM), Arturo Fernández, creó en septiembre un puesto en el que colocó a la economista Lourdes Cavero, esposa del número dos de Aguirre. No obstante, dicho nombramiento ha provocado malestar entre un sector de los empresarios, que critican la dependencia de Fernández del poder político de Esperanza Aguirre, que, aseguran, queda evidenciada con esta contratación.
La mujer del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, aparte de sus negocios como socia, accionista y presidenta de Subastas Segre, ha dejado su puesto en el área internacional de la Asociación Española de la industria Eléctirca (ANESA), donde trabajó desde el año en que acabó su licenciatura en Ciencias Empresariales, para aceptar esta nueva aventura profesional.
Según informa la Cadena Ser, un portavoz oficial de la CEIM asegura que la contratación de Lourdes Cavero es una decisión de Arturo Fernández y se incribe dentro del proceso de modernización de esa patronal que pretende una organización más ágil y adaptada a la situación económica de la región. Insisten en la patronal madrileña en la profesionalidad de quien es también Vicepresidenta de la Patronal de Ciudades Europeas (OPCE).
No obstante, un empresario asegura a El País que el cargo de Cavero se trata de una figura que estatutariamente no existe. «Nos vende Fernández el nombramiento como si fuera una sustitución y nos dice que es el mismo sueldo, pero es un cargo diferente. ¿Para qué necesitas un adjunto a la dirección teniendo 19 vicepresidentes?», se pregunta este miembro de la junta. «Puede ser legal, pero no es ético. Ese es el sentir generalizado y en la junta se han pedido explicaciones», añade.