El Partido Popular quiere dedicar un «esfuerzo prioritario», si llega al Gobierno, a la lucha contra la corrupción, una «seria patología de la democracia» contra la que propone «transparencia» y «rigor». En concreto, se compromete en su programa electoral a «regular» las «normas de conducta» que regirán la actuación de ministros y altos cargos del Gobierno.
El PP dedica un capítulo de su programa electoral, hecho público este martes, a la necesidad de que España sea «una democracia ejemplar», algo que debe pasar por una necesaria «regeneración política e institucional» que acabe con la «utilización partidista» que, según los ‘populares’, han hecho los socialistas de las instituciones.
Para el partido liderado por Mariano Rajoy, la «confianza» de la sociedad en la política y los políticos se recuperará con «austeridad, transparencia y ejemplaridad». Y para ello se compromete a promover leyes que «perfeccionarán los procedimientos de responsabilidad y de control de todos los cargos públicos».
En primer lugar, asegura que propondrá una ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que establezca los deberes de las administraciones, e impulsará un acuerdo de bases por la transparencia y contra la corrupción en el ámbito local.
Mayor protección al delator
Además, se compromete a reforzar la respuesta del ordenamiento jurídico a las conductas delictivas constitutivas o relacionadas con la corrupción y a asegurar su rápido enjuiciamiento. Al mismo tiempo, propone mejorar la protección de los empleados públicos que denuncien actividades fraudulentas o corruptas.
Por su parte, garantiza desde su programa electoral que velará por el «riguroso cumplimiento» del código de buenas prácticas del partido, así como de los compromisos de conducta asumidos por sus candidatos.
Por otro lado, en el capítulo dedicado a la Justicia, explica que, si gana el 20N, promoverá una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que agilice la instrucción, con «plazos tasados» para ello, y «aclare la situación procesal de los justiciables», en referencia a las personas imputadas en un determinado proceso judicial.
El PP se ha quejado de la presunta indefensión que sufren algunos políticos y cargos imputados en algunos casos de corrupción, que son investigados durante meses y en ocasiones liberados de culpabilidad, con su imagen gravemente dañada.
Independencia de fiscales y jueces
En la reforma de la LeCrim no incluyen la posibilidad de atribuir la instrucción penal al Ministerio Fiscal, algo que el PP rechaza mientras no se garantice la «independencia» de la Fiscalía, algo por lo que se comprometen a trabajar. En concreto, el programa propone reforzar la intervención del Consejo Fiscal en nombramientos y ascensos.
En general, el PP aboga por fortalecer la independencia e imparcialidad de jueces y magistrados. Entre otras cosas, sugiere para una reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para que «conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías».
También propone modificar el procedimiento de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional para evitar «dilaciones indebidas» y cambiar los requisitos para ser elegido magistrado, mediante el aumento del número de años de ejercicio de actividad jurídica requerido. Asimismo, defiende la ampliación del mandato del Tribunal y la regulación de la situación de los magistrados una vez cumplido éste.
Por lo que se refiere al alto tribunal, incluye también el compromiso de reservar para «casos excepcionales» la emisión de sentencias que incorporen «declaraciones de interpretación conforme a la Constitución de la norma o disposición enjuiciada, que, además, deberán reunir el acuerdo de una mayoría cualificada de los miembros del Tribunal.