La empresa Impersport Profesional S.L. ha denunciado en el Juzgado de Guardia de Sevilla por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP); al presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), José Luis Escañuela, y a la «máxima responsable» del Instituto Municipal de Deportes (IMD), María José Pedrosa, así como a otras tres personas, por «fraude» en la adjudicación de las obras para la construcción de dos pistas de tierra batida de cara a la final de la Copa Davis que se celebrará en la capital hispalense.
En este sentido, fuentes de la referida empresa han informado a Europa Press de que la denuncia fue presentada el pasado viernes ante el Juzgado de Guardia de Sevilla, «y ya ha sido admitida a trámite». La denuncia va dirigida también contra el extenista Javier Sánchez Vicario como administrador de la empresa Greenset Worlwid S.L., que finalmente resultó adjudicataria del contrato para construir las pistas; contra el «máximo responsable» de la Asociación para la Promoción Exterior de Sevilla (Appes), Eduardo Corcuera, y contra el director general de la RFET, Marcos Romagosa.
En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la empresa relata que el día 26 de octubre «concertó» con el IMD las obras de construcción de las pistas de tenis para la final de la Davis, «materializándose dicho acuerdo mediante presupuesto-contrato» de 127.500 euros más IVA aceptado por el coordinador general de la final, Fernando Borges, «del departamento de contratación» del IMD, «mediante correo electrónico de igual fecha». En el contrato, la empresa se comprometía a iniciar las obras el día 7 de noviembre.
«Dicha contratación directa está justificada en la recomendación efectuada por la RFET», al ser la denunciante «la que había efectuado las obras de construcción» de las pistas para la semifinal de la Davis de Córdoba, apunta, añadiendo en la denuncia que «llegada la fecha del primer pago, el 2 de noviembre, este no se realiza por el IMD», por lo que la denunciante «es requerida de pago mediante burofax de 4 de noviembre, excusando telefónicamente la falta de pago en el hecho de que aún no había firmado el crédito el Ayuntamiento, y que se efectuaría el 7 de noviembre el pago de los dos primeros plazos de forma conjunta».
«Obstrucción al comienzo de las obras»
Tras ello, pasa a analizar la «obstrucción» al comienzo de las obras, pues narra que a las 8,00 horas del 7 de noviembre, «según lo acordado y a pesar de que no se había efectuado pago alguno», la empresa se presentó en el Estadio Olímpico para iniciar la construcción, para lo que incluso trasladó al personal necesario, tras lo que comenzó el replanteo de la obra. No obstante, al llegar los camiones con la maquinaria pesada para el movimiento de tierras, «se encontraron con la sorpresa de que les impidieron el acceso».
De este modo, y según asegura, se requirió a la empresa denunciante para que fuera al IMD «a efectos de solicitar explicaciones» pero, una vez en el referido organismo, Fernando Borges «explica» que el director general de la RFET «ha contactado con ellos indicándoles que se han modificado las condiciones de contratación y que, además de Impersport, existe otra empresa que puede efectuar las obras, Greenset, y que el Ayuntamiento debería de ceñirse en su elección a un criterio exclusivamente económico».
Pues bien, según añade, en esa misma reunión se le informó de que el mismo director general de la RFET, «conocedor de la existencia del contrato y sus condiciones, le había manifestado que Greenset realizaría los trabajos por un precio inferior al de Impersport, en concreto 115.000 euros, en cuyo caso tenia garantizada la adjudicación pese a saltarse el contrato existente» con la denunciante.
«Concurso express para encubrir la ilegalidad»
Ante tales circunstancias y la «comprometida» situación «en la que se encuentra» el IMD, «se indica» a la denunciante que presentara una nueva oferta económica «reduciendo el precio a fin de poder competir con Greenset, lo que así se hizo por email» remitido a Fernando Borges, agregando que, a las 20,00 horas del mismo 7 de noviembre, «se comunica desde el IMD que, a tenor del contrato-presupuesto concertado, las obras se realizarán definitivamente por la entidad denunciante, si bien con la reducción de precio consignado en la segunda propuesta, con instrucciones expresas de que los trabajadores y los medios técnicos desplazados permanezcan en la ciudad a fin de comenzar las obras al día siguiente».
La empresa critica que llevó a cabo supuestamente «un concurso express para encubrir la ilegalidad», ya que, al día siguiente, se produjo la «nueva sorpresa» cuando se le informó de «que se convoca concurso público para la ejecución de las pistas, cuyo plazo de presentación de propuestas expiraba a las 17,00 horas, requiriendo una serie de documentación y una nueva propuesta económica, todo ello bajo la excusa de que tenían que cumplir la Ley de Contratos del Estado».
«Dada la situación precaria en la que se encuentra la denunciante al tener desplazados desde el día 6 a todo el personal y medios necesarios para la ejecución se ve en la necesidad de acceder a la nueva imposición municipal, pese al sinsentido de la situación, y se prepara la documentación original para presentar por registro», explica, al tiempo que indica que, más tarde, se informó de la ampliación del plazo otorgado hasta las 19,00 horas, «ya que Greenset no podía presentar su propuesta en el plazo por estar en Barcelona y no darle tiempo a llegar».
«Pantomima»
Tras ello, la denunciante presentó su tercera propuesta económica, esta vez por importe de 94.580,60 euros «dados los gravísimos perjuicios ya ocasionados y la irreparable pérdida que le generaría no hacer finalmente la obra», y preguntó si había habido más candidaturas o licitadores a la funcionaria del Registro del Ayuntamiento hispalense, quien «confirmó que nadie más había presentado documentación». «Sorprende que dicho concurso público no haya sido publicado en medio alguno y que el plazo se haya ampliado a conveniencia de una de las partes», asevera.
Según abunda, sobre las 20,00 horas del día 8 se le comunicó la adjudicación de las obras para las pistas, lo que fue ratificado al día siguiente, «pero ante nuestra sorpresa se nos informa que tal decisión ha de comunicarla por burofax el Ayuntamiento a la RFTE al objeto de que responda en el plazo de una hora si plantea alguna objeción, cuestión absolutamente inconcebible tratándose de un concurso público».
Posteriormente, prosigue la denunciante, «se informó que el alcalde ha hablado con Romagosa y con el presidente de la RFET, y que estos últimos insisten en que las obras sean realizadas por Greenset», tras lo que critica que «todo el tema del concurso resultó ser una pantomima para intentar de un lado anular un contrato ya concertado y plenamente eficaz con Impersport y, de otro, intentar dar apariencia de legalidad a un fraudulento concurso hecho ‘ex profeso’ para dar entrada a otra empresa por imposición de la RFET».
Por último, pone de manifiesto que el día 10 de noviembre se le ha comunicado telefónicamente «que finalmente las obras iban a ser realizadas por Greenset y que comenzarían al día siguiente, tratándose de una imposición del alcalde».
Estrella Digital/EP