El secretario general de Sanidad, Alfonso Jiménez, señala que actualmente hay unos 40.000 parados de larga duración que no tienen derecho a una atención sanitaria pública ordinaria tras haber agotado su prestación por desempleo y, por tanto, podrían tener bloqueada su tarjeta sanitaria.
En declaraciones a la ‘Cadena Ser’ recogidas por Europa Press, Jiménez ha reconocido que, en algunas comunidades autónomas, como Baleares o Galicia, «han podido darse pequeños problemas» o «desajustes» con la atención a estas personas, tanto en los centros sanitarios como al llegar a las farmacias con sus recetas.
Esto puede haber sido fruto «del incremento de personas en paro que han perdido la prestación» y no pueden acudir a alternativas, como ser beneficiarios de otros titulares o acreditarse como persona sin recursos porque, aunque estén en paro y sin prestación por desempleo, tienen alguna renta o patrimonio que supera el doble del indicador público de renta, unos 7.000 euros.
En estos casos, y según ha matizado posteriormente a Europa Press, «las comunidades pueden legalmente negarse a ofrecerles una atención sanitaria ordinaria, no así en Urgencias».
No obstante, Jiménez reconoce que esta situación cambiará a partir del 1 de enero de 2012 con la entrada en vigor de la nueva Ley General de Salud Pública, que garantiza la universalización acceso al Sistema Nacional de Salud (SNS) a unos 200.000 ciudadanos que, por diferentes motivos, permanecen fuera de la sanidad pública en España, tanto parados sin prestación como a determinados colectivos, como abogados o arquitectos.
Asimismo, y con respecto a los problemas que se están detectando en algunas comunidades, ha asegurado que «la información que tenemos es que en algunos sitios ha habido pequeños problemas, pero que se están solucionando y que estas personas van a poder ser atendidas».
Medidas «ilegales» en Galicia
Sobre la decisión de Galicia de establecer, a través de una orden, que los emigrantes deban esperar seis meses tras empadronarse para recibir asistencia, el responsable de Sanidad ha dicho que esta medida es «simplemente ilegal», ya que «toda persona empadronada tiene derecho a recibir asistencia sin recortes y periodos de latencia». Por ello, si se aplica, «tendría que ser recurrida».
Respecto a otras medidas de la Xunta, como cobrar una tasa por emitir varias tarjetas sanitarias sucesivas, Jiménez ha dicho que «habría que ver cómo y en qué condiciones» se pondría en marcha. No obstante, puntualiza que «no podría hacerse sólo en algunos casos, tendría que ser en todos, como si fuera una tasa pública».
De cualquier forma, el secretario general de Sanidad ha destacado la importancia de mantener la cohesión en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y ha advertido a las autonomías que tomar decisiones diferentes para cada territorio podría «dinamitar la cohesión del SNS y, en definitiva, al propio sistema».
Por ello, ha reclamado que «cualquier tipo de medida organizativa para el SNS se haga para todo el SNS» y se eviten así conflictos como el registrado entre los gobiernos de La Rioja y País Vasco, después de que la administración riojana se negara a atender a los ciudadanos vascos de las zonas limítrofes con su territorio. Ambas autonomías han alcanzado un acuerdo transitorio para retomar esta atención.
«En este conflicto entre La Rioja y el País Vasco, hemos favorecido en todo momento el diálogo para que se solucionase, como así ha sido», ha señalado Jiménez, destacando que «la manera de solucionar estos conflictos es alrededor de una mesa y siempre poniendo en el centro la mejor atención posible y la mayor accesibilidad a los servicios sanitarios por parte de los ciudadanos, vivan donde vivan».