El exministro de Fomento José Blanco tiene la opción de evitar que el Tribunal Supremo solicite autorización al Congreso de los Diputados a través del correspondiente suplicatorio si se presenta voluntariamente a testificar ante el juez instructor de la causa admitida este miércoles a trámite y en la que se investiga su relación con una trama de obtención ilegal de subvenciones en Galicia, a través de la denominada ‘operación Campeón’.
El alto tribunal ha admitido este miércoles a trámite la causa y ha nombrado instructor al magistrado José Ramón Soriano, que tendrá que decidir en los próximos días si llama a declarar como imputado al ex ministro y actual diputado por Lugo, que tiene la condición de aforado.
En este caso el instructor tendría que tramitar el mencionado suplicatorio ante el Congreso como paso previo a la citación de Blanco. No obstante, el ex ministro tiene la posibilidad de optar por una declaración voluntaria, lo que aceleraría el trámite de forma considerable, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
Esta opción ya ha sido empleada por otros aforados imputados en distintas investigaciones, como por ejemplo el ex senador y ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, investigado durante un tiempo por el alto tribunal por su relación con el caso ‘Gürtel’.
A pesar de que la petición de declaración voluntariamente evitaría al juez Soriano la remisión urgente del suplicatorio el magistrado tendrá que tramitarlo a medio plazo si quiere continuar su investigación sobre el aforado después de la declaración, han confirmado las mismas fuentes.
Tráfico de influencias y cohecho
El alto tribunal ha dado este miércoles luz verde a la investigación sobre el ex ministro sobre el que la juez responsable del caso en Galicia, Estela San José, aprecia indicios de la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y cohecho.
En el marco de la ‘Operación Campeón’ sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por la concesión de subvenciones, han sido detenidas 15 personas, entre ellas el empresario farmacéutico Jorge Dorribo y dos altos cargos del Igape, todos ellos en libertad, por su supuesta vinculación en una trama para defraudar subvenciones públicas.
Dorribo ha acusado a Blanco en sus distintas declaraciones ante la juez de Lugo de cobrar comisiones a través de la empresa de instalaciones eléctricas de un primo político, Manuel Bran, a cambio de gestiones a su favor en Hacienda y Sanidad.
El empresario gallego, propietario de Laboratorios Nupel, fue enviado a prisión el pasado mes de mayo tras su detención como supuesto cabecilla de una trama para obtener subvenciones públicas de forma fraudulenta, pero consiguió la libertad tras declarar, el 8 de agosto, ante la magistrada.
Dorribo implicó en el cobro de comisiones irregulares a cambio de un trato de favor para conseguir subvenciones al ex ministro de Fomento y a los ex diputados Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG). Los dos últimos dimitieron tras la publicación de estas informaciones. Uno de los supuestos pagos se habría realizado, en metálico en una gasolinera situada en el término lucense de Guitiriz.
En la exposición razonada que la juez remitió al Tribunal Supremo se señalaba que la Fiscalía de Lugo apoyaría una investigación al ministro por un posible delito de tráfico de influencias derivado de la existencia de mensajes de móvil que vincularían a Blanco con un presunto trato de favor al vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco.
Redacción