Los temas del día ya eran conocidos con antelación: Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria y reforma laboral. La primera ha sido presentada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, como una «norma clave» para cumplir con el objetivo de déficit que se ha marcado el Gobierno. La reforma laboral, por su parte, aún no ha sido concretada. Tal y como ha explicado la portavoz del Ejecutivo, los agentes sociales aún tienen hasta este domingo para alcanzar un acuerdo.
Sin querer hacer ninguna valoración al respecto, Sáenz de Santamaría, sí ha dicho que sindicatos y CEOE han logrado ponerse de acuerdo en temas «puntuales» e «insuficientes», como por ejemplo, formación profesional y nueva distribución de los puentes. Y que por el contrario, no han conseguido llegar a un consenso en los asuntos que el Gobierno considera «troncales»: contratación, flexibilización, negociación colectiva y abstención. Por este motivo, la vicepresidenta les ha emplazado a que en estos dos días que quedan para que el plazo expire, cumplan con «su obligación» y logren ponerse de acuerdo.
A pesar de la insistencia de los periodistas, Sáenz de Santamaría no ha querido adelantarse a los acontecimientos y ha preferido ser cautelosa al respecto. Según ha confirmado este vienes, ella quiere que le reforma se elabore a partir de «un acuerdo amplio». No obstante, el Gobierno ya ha advertido en varias ocasiones de que si los agentes no llegan a un acuerdo, no le «temblará la mano» al tomar las decisiones que considere más acertadas para el conjunto de los españoles. Por este motivo, la vicepresidenta ha apelado a la «responsabilidad» y ha recordado a los sindicatos y a la patronal la difícil situación por la que está atravesando el país. «Tenemos que crear empleo», ha dicho Sáenz de Santamaría, después de pedir a los agentes sociales que piensen en los más de cinco millones de parados que hay en España.
«Estamos en una situación en la que la sociedad nos está observando a todos, también a sindicatos y empresario. A todos aquellos que tenemos una responsabilidad política y que tenemos en nuestra mano la posibilidad de crear empleo», ha concluido la vicepresidenta.
Techo de gasto impuesto a las Comunidades Autónomas
En lo que a la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria respecta, la vicepresidenta ha sido un tanto más explícita. Si algo ha quedado claro es que el Gobierno está totalmente decidido a controlar de forma más exhaustiva la deuda autonómica. Tras volver a incidir en los asuntos que están llevando al Gobierno a tomar decisiones «delicadas» (como es el caso de la desviación presupuestaria del 6% al 8%), Sáenz de Santamaría ha comenzado a enumerar uno por uno los objetivos de esta Ley, con la que se pretende establecer unos techos de gasto a las Comunidades Autónomas: garantizar la sostenibilidad presupuestaria de todas las administraciones, fortalecer la economía española y cumplir con los compromisos europeos.
Como ya explicicó Rajoy en la entrevista que concedió a la agencia Efe, una parte importante del déficit público corresponde a las CCAA. Éste es el motivo por el que desde el Ministerio de Hacienda se ha decidido incluir una regla de gasto en la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria a la que se tendrán que ceñir todas las Comunidades Autónomas a la hora de elaborar sus techos de gasto y sus posteriores presupuestos autonómicos.
El texto del anteproyecto estará encima de la mesa el próximo martes en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde estarán los representantes de todas las Autonomías. La vicepresidente ha explicado que en esa reunión se buscará «el máximo consenso” y ha aclarado que con esta nueva Ley se dejará margen de maniobra a todas las administraciones. «Lo que habrá es una regla de gasto para cada administración, los límites de esos presupuestos y después cada comunidad decidirá en qué gasta determinadas partidas», ha detallado la portavoz. No obstante, ha advertido de que habrá sanciones para aquellas Comunidades que no cumplan con sus obligaciones presupuestarias; y que éstas dependerán del grado de «gravedad» y de la «reincidencia».
En esta misma línea se manifestó este miércoles el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el encuentro que mantuvo con las Comunidades gobernadas por los ‘populares’, cuando reafirmó el pleno respeto del Partido Popular a la autonomía económica, política y financiera de éstas. Palabras con las que obviamente intentó matizar a su colega y también ministro económico, Luis de Guindos, quien en una entrevista con el Financial Times dijo que el Gobierno estaba dispuesto a ejercer un control previo de los presupuestos de las autonomías. Declaraciones que no sentaron nada bien a algunas Comunidades. Cataluña las calificó de «intolerables». Mientras que el Ejecutivo del socialista Patxi López consideró la iniciativa «un ataque» al autogobierno y advirtió de que no va a aceptar «una tutela de este tipo» sobre sus cuentas.
Por el momento, a favor de la nueva normativa se han posicionado las Comunidades gobernadas por el PP. Todas ratificaron este miércoles su compromiso con la reducción del déficit público y el equilibrio presupuestario. Incluso hubo consejeros que respaldaron abiertamente la posibilidad de sancionar a las comunidades que no respeten el déficit. «Sabemos que si no cumplimos los compromisos habrá consecuencias para la comunidad; es un refuerzo de la estabilidad y en estos momentos, como la crisis es tan profunda, es lo que toca y tendremos que asumirlo», recalcó la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo.
Advertencia: a partir del 2020 sólo será válido el equilibrio o el superávit
El Gobierno parece tener claros sus objetivos: primero y más inmediato, reducir el déficit público al 4,4% tal y como se acordó con Bruselas. Y en segundo lugar, a partir del 2020, al finalizar el periodo transitorio que marca la reforma de la Constitución, que todas las Administraciones presenten equilibrio presupuestario o superávit. «El déficit estructural no podrá superar el 0,4% del PIB y la deuda no podrá superar el 60% del PIB regional, salvo en situaciones excepcionales», ha indicado la vicepresidenta.
La pregunta que más rápido viene a la cabeza es: ¿cómo?. Por el momento, el Gobierno continúa anunciando medidas. Primero fue el acuerdo de no disponibilidad de gasto con el que se pretende ahorrar 8.900 millones. A continuación llegó la subida de impuestos (IRPF e IBI) con la se espera recaudar 6.100 millones. Más tarde se propuso un plan contra el fraude fiscal para hacer desaparecer la economía sumergida y los paraísos fiscales. Y en último lugar tenemos esta Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria (acordada con el PSOE el pasado mes de agosto), con la que se intentará controlar el gasto de las Autonomías. Todo suma. No obstante, el «agujero» -tal y como lo denominó Montoro este miércoles en el Congreso- aún es muy profundo. Los más pesimistas advierten de un recorte de 40.000 millones.
A pesar de estar previsiones, los ‘populares’ siguen reiterando su oposición a la subida de impuestos y siguen justificando sus acciones con las «circunstancias» que encontraron a su llegada al poder. «Si el Gobierno no se hubiera encontrado un déficit de entorno al 8%, las decisiones, no le quepa ninguna duda, hubieran sido otras», ha concluido la vicepresidenta en alusión a los vídeos que están circulando por internet en los que varios miembros del Gobierno, entre ellos el presidente y su ‘número dos’, critican las subidas de impuestos.
Elsa Sardina Vejo