El abogado Pablo Rodríguez-Mourullo, que representa al imputado en «Gürtel» Pablo Crespo en el juicio que se celebra contra Baltasar Garzón por intervenir las comunicaciones de los cabecillas de la citada trama con sus abogados en prisión, ha comparado al juez suspendido con «una suerte de Gran Hermano» que todo lo escuchó durante la etapa en la que instruyó esta causa en la Audiencia Nacional.
Rodríguez-Mourullo, cuya conversación con su cliente fue efectivamente grabada por orden de Garzón durante la visita que realizó a su cliente el 6 de marzo de 2009 a la prisión de Soto del Real (Madrid), fue la tercera y última acusación particular en intervenir este jueves durante la que se prevé que sea la última sesión del juicio que comenzó el pasado martes contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.
El letrado, que solicita que Garzón sea inhabilitado por 15 años por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales, ha señalado durante su alegato que los hechos que sustentan la acusación han sido totalmente documentados y acreditados durante la vista, y que incluso el juicio se podría haber limitado a la declaración del propio Garzón para que explicara las razones de los dos autos en los que se justificaron las intervenciones.
Grabado en el cubículo
El abogado de Crespo considera que el derecho de defensa de su cliente «se vulneró desde el primer segundo» en el que las conversacions fueron grabadas tras entrar en el «cubículo de metro y medio» que constituía el locutorio de la prisión.
«La única manera de preservar el derecho de defensa era no escuchando», ha agregado, para subrayar que no puede entender las supuestas órdenes dadas a los policías que grababan para que preservaran dicho derecho, porque ello no era posible una vez comenzaron a escucharles.
Entre las pruebas a tener en cuenta por el tribunal, Rodríguez-Mourullo ha destacado la declaración del policía que efectuó físicamente las grabaciones, quien compareció ayer como testigo, y que señaló que la medida era tan excepciónal que causó sorpresa y obligó a la creación de un protocolo en coordinación con las autoridades del centro penitenciario, pues «los más viejos del lugar recordaban que esto se había llevado a cabo pero para para casos de terrorismo».
El letrado ha insistido que se grabó la totalidad de las comunicaciones producidas entre el 19 febrero y el 31 de marzo de 2009 de modo que Garzón se convirtió «en una suerte de gran hermano que todo lo oye de las conversaciones entre el abogado y su cliente».
También ha calificado de irregular que Garzón aludiera en sus autos de intervención al artículo 579 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala la posiblidad de interceptar comunicaciones telefónicas para justificar estas escuchas, porque las conversaciones no lo eran utilizando un operador telefónico.
Al igual que han hecho con anterioridad el resto de acusaciones particulares -ejercidas por Ignacio Peláez y el abogado del cabecilla de «Gürtel» Francisco Correa, José Antonio Choclán-, este acusador ha resaltado el hecho de que fuera la representante del Ministerio Público la que señalara específicamente al funcionario qué parrafos debía borrar de las transcripciones para preservar el derecho de defensa de los imputados.
Finalmente, Pablo Rodríguez-Mourullo ha lamentado que en esta vista se haya creado lo que él llama «tesis de los abogados necios», que son utilizados «como correas de transmisión por su ignorancia» por parte de sus clientes.
El juez Joaquín Giménez si considera necesario realizar alguna precisión o nueva aportación que pueda servir a su defensa. El juicio ha sido señalado para tres días, lo que supondría que la última jornada se desarrollaría hoy. Es previsible que el alto tribunal cumpla este calendario. Durante la segunda jornada del juicio la Sala ha escuchado la declaración del ex fiscal de la Audiencia Nacional y abogado del empresario José Luis Ulibarri Ignacio Peláez, autor de la querella inicial que dio lugar a este procedimiento.
Peláez ha desmentido que los abogados de la Gürtel se coordinaran para blanquear capitales y ha denunciado que el juez, los policías y el Ministerio Fiscal conocían todos los «movimientos» de las estrategias de defensa. Las acusaciones piden pena de multa y 17 años de inhabilitación para el juez. A continuación, ha testificado el Jefe del Grupo de Intervenciones y Análisis de Comunicaciones de la UDEF en el «caso Gürtel», Manuel M.T., que fue quien ejecutó la grabación de los encuentros que los cabecillas de la trama mantuvieron en prisión con sus abogados.
El agente ha manifestado que Garzón le dijo expresamente y «de qué manera» debía preservar el derecho de defensa de los imputados al realizar las escuchas. Durante la tarde ha prestado declaración el comisario jefe de la UDEF que ha puesto de manifiesto que el juez de la Audiencia Nacional les comunicó que el derecho de defensa «debía prevalecer sobre cualquier cosa» cuando intervinieron las conversaciones en prisión.
Por último ha testificado el funcionario del Juzgado Central de Instrucción número 5 Vicente Maroto, que ha recordado las horas previas al dictado del auto por el que se intervinieron las conversaciones. «Baltasar, Baltasar, hay que hacer algo», dijo al juez la fiscal Anticorrupción Myriam Segura, según este testigo. El alto tribunal ha procedido a continuación a la audición, durante poco más de quince minutos, de las grabaciones de las conversaciones intervenidas por orden de Garzón.