El presidente del Congreso, Jesús Posada, es partidario de suprimir la aportación que la Cámara realiza al plan privado de previsión social del que disfrutan tanto los diputados como los funcionarios que trabajan en la institución. Actualmente, el Congreso destina unos 280 euros mensuales a este plan por cada uno de los parlamentarios, cantidad que equivale al 10 por ciento de su asignación constitucional.
Según han avanzado a Europa Press fuentes de la Mesa del Congreso, Posada ha decidido impulsar esta medida después de que el Gobierno incluyera en su primer decreto ley de ajustes la eliminación, durante 2012, de las aportaciones que las administraciones, entidades y sociedades públicas venían realizando a los planes de pensiones o contratos de seguro colectivos que incluyen la cobertura de la contingencia de jubilación de los funcionarios.
El plan de previsión de social del Congreso incluye un seguro de vida, otro de invalidez y un concepto denominado ‘prestación de supervivencia’ que se sustancia mediante un pago cuando llega la edad de jubilación. Se trata de un plan colectivo que no sólo afecta a sus señorías sino que incluye también a todos los funcionarios que trabajan en el Congreso. Es decir, no existe una póliza por cada beneficiario.
Si hay recortes para los funcionarios, también para los parlamentarios
Posada considera que, si se eliminan las aportaciones para los funcionarios, habrá de hacerse lo mismo con las de los parlamentarios. Por eso, va a plantear el tema en la reunión que mantendrán el próximo miércoles las Mesas del Congreso y el Senado, la primera sesión conjunta de la recién estrenada décima legislatura, con el objetivo de que sean las dos Cámaras las que aprueben la supresión de las aportaciones a los planes de previsión social.
El año pasado, cuando el entonces presidente del Congreso, José Bono, pidió a los partidos ideas para revisar el régimen económico y social de los diputados, sólo el BNG y Nafarroa Bai pidieron que la Cámara Baja suprimiera ese fondo de pensiones, pero la idea se rechazó.
Tras las elecciones generales del pasado mes de noviembre, los diputados de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y Unión, Progreso y Democracia anunciaron su intención de renunciar al plan de pensiones privado que la Cámara tiene contratado. Habida cuenta de que se trata de una póliza colectiva, la Mesa del Congreso les pidió entonces que formalizaran esa renuncia por escrito para que dejasen de constar como beneficiarios.