Asociaciones de familia y ‘provida’ han mostrado su «satisfacción» por el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, sobre la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo por la que se exigirá el consentimiento paterno en menores, aunque la ven «insuficiente» y esperan que sea sólo «un primer paso» hacia la derogación de la misma.
En este sentido, el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, ha asegurado estar «satisfecho» por que la promesa del Partido Popular se ha ratificado en sede parlamentaria aunque ha deseado que sea «una reforma ambiciosa» y «un paso de verdad, muy en serio» hacia la protección de la vida humana no nacida y, en definitiva, hacia la derogación de la actual ley del aborto.
Asimismo, el presidente del Instituto de Política Familiar, Eduardo Hertfelder, ha señalado que se trata de «un primer paso positivo» porque «empieza a restituir ese derecho a la vida que estaba y que se había eliminado en la última ley», aunque ha advertido de que la reforma anunciada es «claramente insuficiente» porque revisa la ley pero no la deroga.
La portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, también ha coincidido en que el anuncio del ministro de Justicia es «una buena noticia» en lo referido a las menores que, a su juicio, «necesitan el acompañamiento y autorización paterna». No obstante, ha asegurado que si la reforma se queda en estos términos y no se dirige hacia la derogación de la ley, sería «insuficiente».
Ante este anuncio, Joya ha pedido que sigan la doctrina del Tribunal Constitucional en una sentencia de 1985 en la que declaró la vida del ‘nasciturus’ «un bien jurídico que ha de ser protegido» y que, por tanto, según ha precisado convierte la actual Ley del aborto en una normativa «inconstitucional».
De hecho, Hertfelder ha apuntado que, si no se eliminan los motivos psicológicos de las causas permitidas para abortar, «no se acabará con el coladero de más de 100.000 abortos» ya que, según ha explicado, estos motivos se alegaban en más del 98 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo cuando, a su juicio, son «incuantificables». Por ello, ha advertido de que, si la reforma sólo se queda en la exigencia de autorización paterna en el caso de las menores, «el número de abortos no deseados no descenderá».
Finalmente, Blanco ha pedido a Gallardón que «no se olviden de la mujer» y, para ello, le ha instado a «implementar medidas activas de protección a la mujer embarazada para que, mas allá de lo que diga el código penal, ninguna mujer esté sola ante los problemas derivados de un embarazo imprevisto». «Que sea una ley de protección de la vida, de la mujer y de la maternidad», ha reclamado.