La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha encargado un informe médico-científico sobre la situación regulatoria de la píldora del día después en el resto de Europa y conocer los efectos que puede causar en las mujeres que la consuman, especialmente en aquellas más jóvenes, antes de decidir si se continúa financiando o no.
Así lo ha asegurado la titular de Sanidad durante su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, en la que ha negado que vaya a tomar medidas por cuestiones «ideológicas, morales o éticas». «Esto es un tema de salud pública», ha asegurado.
En este sentido, Mato se ha mostrado preocupada por los efectos de este medicamento en mujeres jóvenes que «todavía están en edad de desarrollo», a quienes «una píldora de estas características puede causarle algunos problemas».
La ministra no ha precisado a quién ha encargado dicho informe ni cuándo obtendrá los resultados, pero ha asegurado que «en cuanto los tenga» dará detalles sobre si se seguirá manteniendo su financiación, autorizada por el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Por otro lado, y después de que varios grupos le hayan preguntado al respecto, Mato ha utilizado su segundo turno de intervención para hablar de la modificación de la ley del aborto y avanzar que impulsará medidas de apoyo para evitar que las mujeres «se enfrenten a una situación tan dramática como es decidir si abortar o no».
La modificación de la norma, según ha reconocido, se «para defender el derecho a la vida en los términos que dicte la sentencia del Tribunal Constitucional, y también en el sentido de garantizar que las niñas menores tengan el apoyo de sus padres a la hora de enfrentarse a una situación tan dramática como enfrentarse al aborto».
En este sentido, ha avanzado que su departamento lanzará un plan para jóvenes embarazadas y para concienciar de que «existen más opciones». «Hay métodos que impiden quedarse embarazada, y también hay otras medidas de apoyo para evitar que una persona tenga tomar una decisión así», ha asegurado.
Por otro lado, Mato ha defendido que el Pacto por la Sanidad que promueve «debe ser como el de las pensiones», y que la ley de servicios básicos que impulsará «no va a conllevar ningún recorte de prestaciones», sino que aportará «garantías y unos criterios mínimos de calidad».
Además, ha reconocido que este pacto también servirá para «buscar una solución a la deuda «sin menoscabo de las atenciones que se les prestan a los ciudadanos», y ha pedido a las comunidades que den «prioridad» al pago de la deuda a proveedores sanitarios.
«Todos hemos oído muchas ideas y muchas propuestas, pero lo que se trata es de buscar las mejores siempre que no haya perjuicio para los ciudadano», ha insistido.
Mato también ha insistido en su defensa de un sistema sanitario «público y gratuito» y ha lamentado que «el tema de la privatización sea siempre recurrente». No obstante, ha matizado, «a la persona que va al medico no le preocupa que quien le atiende sea funcionario o no, sino que le atienda con calidad».
Los grupos echan en falta medidas «más concretas»
Durante la comparecencia, la ministra ha recibido críticas y propuestas por parte de todos los grupos parlamentarios. Entre otras cuestiones, han lamentado que sólo haya habido una «declaración de intenciones sin ninguna propuesta concreta», como ha reconocido la portavoz del Grupo Socialista en dicha comisión, Pilar Grande.
En este sentido, la diputada socialista ha lanzado una serie de «preguntas fáciles» para saber «si la cartera de servicios básicos anunciada va suponer un recorte de prestaciones, si va a excluir fármacos de su nuevo modelo de prestación farmacéutica o si apoyará el proyecto de ley de muerte digna».
Además, ha criticado que «la libre elección puede enmascarar una privatización encubierta» y ha recordado a Mato que el calendario vacunal único ya lo establece la ley de Salud Pública mientras que el Pacto por la Sanidad anunciado este miércoles ya intentaron firmarlo en esta Cámara pero finalmente fue «boicoteado» por el Grupo Popular.
Por otro lado, el Grupo Socialista, al igual que otros como PNV o IU, han criticado que en su primera intervención Mato no haya mencionado cómo se va a llevar a cabo la reforma de la ley del aborto, algo que para el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, conlleva un «deslizamiento de las competencias sanitarias al ámbito de la justicia», dejando a Sanidad competencias «marginales».
Para el diputado de ERC, Joan Tardá, esta medida puede hacer «volver a la década de los ochenta» y a que «nuestros hijos tengan que ir otra vez a Londres» a abortar.
Por su parte, la diputada de CiU, Conxita Tarruella, ha reprochado a la ministra que quiera «perder el tiempo» e impulsar una única tarjeta sanitaria «cuando ya tenemos el DNI».
Estrella Digital/EP