Una de las víctimas de la red de prostitución liderada por Ioan C., conocido como ‘Cabeza de cerdo’, manifestó durante su declaración policial en 2001 que tenía conocimiento por comentarios de otras chicas captadas que la organización había asesinado a tres jóvenes rumanas y las había descuartizado, arrojando sus cadáveres al campo. No obstante, la fiscal no ha dado credibilidad a esta historia, ya que a su juicio servía «como amenaza».
La Audiencia Provincial de Madrid ha celebrado la segunda sesión del juicio contra este ‘capo de la prostitución’, quien afrontaba de forma inicial una pena de 28 años de cárcel. Ocho de los miembros de la organización se encuentran en paradero desconocido, mientras que otro está condenado por un delito de prostitución.
En sus conclusiones, la fiscal ha elevado a 30 años de cárcel la petición de pena para Ioan por cuatro delitos de prostitución a mayores y otro a una menor, cuya pena ha aumentado de cuatro a seis años de prisión. Al respecto, ha considerado acreditados los hechos que se le imputan por liderar esta red de prostitución de jóvenes de Europa del Este.
La representante del Ministerio Fiscal ha basado su solicitud de condena en las declaraciones leídas en la Sala de las víctimas que no han sido localizadas por el tribunal y que la fiscal ha calificado de manifestaciones «escalofriantes». «La prueba testifical de las testigos es suficientemente sólidos para avalar los hechos que se le imputan al acusado», ha aseverado.
Por su parte, el abogado defensor ha solicitado a la Sala que declare la prescripción de los delitos de prostitución y la asegurado que no estaba en condiciones para presentar su informe de defensa por una operación reciente en los ojos. Así, la Sala ha aplazado el final del juicio para el próximo 9 de febrero.
Relato de las víctimas
En la sesión, el tribunal ha leído las declaraciones de varias de las chicas captadas por la organización delictiva en las que aseguraban que los hombres que integraban la red las sorteaban y las obligaban a prostituirse en la Casa de Campo, bajo vigilancia de individuos rumanos.
Asimismo, una de las chicas manifestó ante la Policía que tenía conocimiento de que antes de llegar tres chicas de nacionalidad rumana habían sido asesinadas, descuartizadas y metidas en una bolsa de plástico, que se arrojaron a los perros. Ante el juzgado, aseguró que la red secuestró a su hermano durante dos días para localizarla y que la golpearon en el vientre para obligarla a abortar.
En la prueba pericial, uno de los médicos forenses ha confirmado que una de las menores captadas, conocido como Andrea, abortó en contra de su voluntad frente a la versión de los médicos de la clínica, que ayer aseguraron que recibieron su consentimiento.
Asimismo, el especialista ha recordado al tribunal que en un escrito encontrado en una de los registros la joven refería que tenía «un dolor en el corazón que le oprime desde que le han matado a su niño».
Andrea, de 17 años en 2000, se quedó embarazada y Ioan C. le obligó el 7 de noviembre de 2000 a que acudiera a una clínica para que le practicaran un aborto en su quinta semana de embarazo. Monika V. y Tanafidis B. fueron las personas encargadas de acompañar y vigilar a la menor el día que acudió a la clínica.
En su declaración, la joven relató ayer que aceptó la oferta que le ofrecieron para venir a España porque estaba embarazada y no se lo quería decir a su madre. Según su testimonio, le consiguieron los billetes con un pasaporte falso.
«Al día siguiente de llegar, dos chicas me llevaron a la Casa de Campo y me dijeron lo que tenía que hacer. En ese momento no me quedó otra. Ion me dio un puñetazo porque no quería dedicarme a la prostitución. Hacía lo que decía o me mataba a mí y a mi familia», recordó.
«Se quedaban el dinero bajo la excusa de que era para la documentación. Estuve ejerciendo la prostitución bajo vigilancia dos semanas y media, sin posibilidad de escaparme. Ioan era el jefe porque era la persona que agredía a las chicas», contó Andrea, que ganaba a diario 600 euros trabajando desde las diez de la noche a las cinco de la mañana. Además, aseguró que las mujeres de la red le llevaron a una clínica a abortar y trató de escaparse sin éxito. En una segunda visita, abortó.
Hechos del fiscal
Según el fiscal, los procesados consiguieron que varias compatriotas de nacionalidad rumana viniesen a España en el año 2000 con la creencia de que iban a proporcionarles un trabajo. Una vez aquí, las obligaban al ejercicio de la prostitución para saldar la deuda con la organización por los gastos de su traslado.
Ioan C, alias ‘Cabeza de Cerdo’, en su calidad de jefe, era quien dirigía y controlaba a las mujeres gracias a la colaboración del resto de procesados, quienes realizaban los traslados al lugar donde desempeñaban la prostitución y les obligaban a entregar el dinero obtenido.
Redacción