El Consejo de Ministros aprobará este viernes su anunciada reforma del mercado laboral y lo hará en medio de un enorme secretismo, pues mucho se ha hablado de sus objetivos y muy poco de su contenido. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se ha amparado en el «respeto institucional» para no divulgar la letra pequeña de la reforma y ha remitido al Consejo de Ministros de este viernes para conocer el texto íntegro de la misma.
Este «mutismo» del Gobierno sobre qué medidas contempla la reforma ha generado un gran malestar entre los sindicatos, que no encuentran precedentes de lo que está pasando. En otras ocasiones en las que el Ejecutivo decidió actuar unilateralmente al menos fueron consultados, según recuerdan fuentes sindicales a Europa Press.
Pero en esta ocasión, dicen las fuentes, nada hasta el momento. Aseguran que Empleo no les ha hecho llegar ningún documento sobre lo que piensa aprobar el Gobierno, ni tampoco han sido convocados para conocerlo, tal y como han pedido reiteradamente en las últimas semanas al objeto de poder opinar sobre la reforma.
La reforma laboral lleva al Consejo de Ministros en medio de un enorme crisis de empleo, con casi 5,3 millones de parados, según el registro del antiguo Inem, y menos de 17 millones de afiliados a la Seguridad Social, cifra de la que España no se apeaba desde 2004. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2011, la tasa de paro ya alcanza el 22,85%, un porcentaje inédito para la economía española desde el primer trimestre de 1995 (23,49%). Pero la cosa parece que no va a acabar aquí.
El Servicio de Estudios de BBVA estima que la tasa de paro escalará hasta el 24,4% en 2012 y hasta el 24,6% en 2013. De cumplirse esta última previsión, y utilizando series no comparables, sería el nivel más alto desde 1976.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya ha advertido de que la situación del empleo «empeorará» en 2012 y ha lanzado el siguiente mensaje: «La reforma laboral que ha diseñado el Gobierno será amplia, profunda, equilibrada y útil» para favorecer la competitividad, la creación de empleo y la estabilidad laboral.
La ministra Báñez, por su parte, añadió este jueves más adjetivos a la reforma: será «completa y no un parche», y tratará de frenar «a corto plazo» la sangría de la destrucción de empleo.
¿Qué pasará con la contratación y el despido?
Para conseguir este objetivo, se trabajará en cuatro líneas básicas: mejorar la empleabilidad de los desempleados; dar más estabilidad al empleo; fomentar la formación a lo largo de toda la vida laboral e introducir una mayor flexibilidad interna en las empresas para que cuando vengan mal dadas, empresarios y trabajadores puedan adaptarse a las circunstancias del mercado y los ajustes no se produzcan vía despidos.
La reforma perseguirá además el impulso a la participación del sector privado en la intermediación laboral dado el escaso éxito de los servicios públicos de empleo en esta materia (sólo consiguen colocar al 3% de los parados), e incluirá medidas para fomentar el autoempleo.
Una de ellas, anunciada este mismo jueves por la ministra, es que se permitirá en el medio plazo que los jóvenes puedan capitalizar el 100% de la prestación por desempleo, y no el 80% como hasta ahora, si montan un negocio propio.
Se sabe además, porque también lo ha dicho Báñez, que la reforma laboral no incluirá el contrato único por «inconstitucional», ni ‘minijobs’ a 400 euros, ni tocará el sistema de protección por desempleo más allá de que se tome alguna medida para impedir que se produzca fraude con las prestaciones. De hecho, la ministra ha anunciado un «exigente plan» de lucha contra el fraude en el cobro de prestaciones por desempleo y bonificaciones, que contemplará adicionales de control a las ya existentes.
Además, la reforma contemplará medidas para facilitar el descuelgue en la negociación colectiva y dará prioridad a los convenios de empresa, tal y como ha avanzado en alguna ocasión el propio Rajoy.
El ‘quid’ de la reforma, donde se está centrando gran parte del debate, es qué pasará con la contratación y el despido. El ministro de Economía, Luis de Guindos, cree que las modalidades de contratación actuales (más de 40) deben simplificarse, opinión que también ha expresado la CEOE.
Una vez descartado el contrato único, Báñez ha dicho que el Gobierno partirá de «figuras contractuales» que ya existen pero que «no funcionan» antes de introducir cambios en la legislación sobre contratos.
Lo más probable es que el Gobierno decida generalizar el contrato de fomento del empleo estable (33 días por año trabajado de indemnización por despido improcedente), lo que a larga supondría la extinción del contrato indefinido de 45 días por año trabajado. Y hay quien no descarta que vaya a hacer oídos a la patronal e implante el contrato de 20 días por año trabajado.