El Gobierno ha aprobado un real decreto sobre el régimen retributivo del sector público por el que reducirá entre un 25% y un 30% el sueldo de todo el sector público empresarial, en función del tipo de empresa, el volumen de negocio y el número de trabajadores, entre otras variables.
Según ha explicado la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior el Consejo de Ministros, el Gobierno diferenciará entre las empresas más grandes, cuyos directivos tendrán una retribución máxima de 105.000 euros; las medianas, que tendrán un límite de 80.000 euros, y las más reducidas, con un límite de 55.000 euros al año.
Sobre estas bases, se aplicarán complementos en función del puesto ocupado, que fijará el ministerio de Hacienda, y una retribución variable «absolutamente ligada» a objetivos que también establecerá Hacienda. En cambio, no se podrán añadir retribuciones en especie (vivienda, manutención, seguros de vida o planes de pensiones) que superen el límite de sueldo fijado.
Sáenz de Santamaría ha explicado que con este decreto se dota el máximo de la retribución en su conjunto, se vinculan las retribuciones variables a «objetivos muy estrictos» y se acaba con la «práctica habitual» que suponían las retribuciones en especie.
«Las cantidades no pueden rebasarse con ningún otro tipo de retribuciones», ha subrayado la portavoz, quien ha asegurado que el real decreto supone «un paso más» en la política de austeridad y de contención del gasto.
Sáenz de Santamaría ha puesto varios ejemplos y ha dicho que, con la entrada en vigor del real decreto, el presidente de SEPI sufrirá una bajada de sueldo del 27%, mientras que el consejero delegado de Navantia verá rebajado su sueldo en un 28% aunque mantenga el porcentaje de retribución variable que percibe en este momento. En el caso de Hunosa, la bajada será del 23%.
También se reducen consejeros
Por otro lado, el texto contempla la reducción de un centenar de consejeros del sector público empresarial, y limita a 15 consejeros el número máximo que podrán tener las empresas públicas de mayor tamaño. Las medianas no podrán contar con más de 12 directivos y las más pequeñas, con un máximo de 9.
En este sentido, la portavoz gubernamental ha puesto otro ejemplo y se ha referido a Tragsa, la empresa de actuaciones de protección de la naturaleza y desarrollo, que actualmente cuenta con un consejo de administración de 22 miembros y que, con el cambio, no podrá contar con más de 15 miembros.
Preguntada por el ahorro que supondrá la entrada en vigor del real decreto, Sáenz de Santamaría no querido especificar el ajuste del gasto, aunque sí ha dicho que supondrá al menos un ahorro de un millón de euros solo en concepto de dietas.
En cualquier caso, ha dicho que con este real decreto el Gobierno pretende potenciar tres principios fundamentales: la transparencia, la homologación de criterios a la hora de fijar las retribuciones y los límites a dichas retribuciones, «sensiblemente inferiores» a los de los directivos del sector privado, pero lo «suficientemente razonables» en momentos de austeridad.