El Consejo General del Poder Judicial ha ratificado este jueves por unanimidad la expulsión formal de Baltasar Garzón de su plaza de juez central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que le ha inhabilitado por 11 años.
La decisión se ha adoptado de forma unánime por los 20 vocales que en ese momento estaban presentes en el Pleno tras ausentarse del mismo el vocal Félix Azón, designado a propuesta del PSOE.
Preguntado por las razones de su decisión de ausentarse, Azón ha explicado que éstas son «personales» por evitar una «incomodidad», aunque no quería que se diera demasiada importancia a su decisión.
El también vocal designado a propuesta del grupo parlamentario socialista José Manuel Gómez-Benítez, ex abogado y amigo personal de Garzón votó a favor en este punto pero pidió que se hiciera constar su oposición al hecho de que fuera la Comisión Permanente la que adelantara hace tres días la ejecución «formal» de la sentencia del alto tribunal. A juicio de este vocal, no existía ninguna razón de urgencia para ello.
Preguntada al respecto durante la rueda de prensa celebrada tras el Pleno, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, ha apuntado que «no es nada agradable» dar una noticia de esta trascendencia aunque ha recordado que «todos estamos sometidos al imperio de la Ley» y lo acordado hoy no es más que una señal de normalidad.
Bravo ha insistido en que el juicio al que fue sometido Garzón se celebró «con todas las garantías» y que el Consejo del Poder Judicial ha cumplido con su obligación al ejecutar la sentencia.
También ha sido preguntada la portavoz por los trámites que se seguirán ahora para cubrir la plaza de Garzón en la Audiencia Nacional -ejercida a día de hoy por Pablo Ruz de forma interina-, a la que se añade la que deja libre Fernando Grande-Marlaska en el Juzgado Central número 3, tras su nombramiento este jueves como presidente de lo Penal de la Audiencia.
A este respecto, ha señalado que será la Comisión Permanente del CGPJ la que valorará la futura convocatoria de las plazas «en funcion de las necesidades», si bien este asunto no ha sido valorado en el Pleno de hoy.
El acuerdo validado por el Pleno supone dar «cumplimiento» a la decisión del alto tribunal y, en sus mismos términos, impone a Garzón once años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, «así como con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo».
Además, se ha ordenado la anotación de este acuerdo «al expediente personal del expresado magistrado para constancia y efectos» y la notificación del acuerdo a la Audiencia Nacional «para debida constancia en el libro de ceses y posesiones».
Como consecuencia de esta decisión, el órgano de gobierno de los jueces deja sin efecto las suspensiones provisionales que ya pesaban sobre Garzón y que fueron acordadas a raíz de que Garzón fuera procesado tanto por las escuchas de «Gürtel» como por investigar los crímenes del franquismo careciendo de competencia para ello.
Sobre esta segunda causa aún está pendiente la sentencia, que podría conocerse en los próximos días, según fuentes del alto tribunal, que descartaron que el fallo sea notificado en lo que queda de semana.
El acuerdo también se notificará al propio Garzón, al Supremo, al Ministerio de Justicia y a la Mutualidad General Judicial.
Readmisión a los 67 años
Cuando transcurran los 11 años de inhabilitación, Baltasar Garzón, que tendrá entonces 67 años, podrá volver a solicitar al Consejo su readmisión en la carrera judicial, a la que volverá con la antigüedad que ha reunido hasta este momento sin que le sea computado en el escalafón el tiempo durante el cual ha permanecido inhabilitado.
Aunque esta condena supone la pérdida definitiva del cargo que ostenta, Garzón puede ejercer la abogacía o continuar participando en foros internacionales. Durante este tiempo, ha colaborado con el Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya, con la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Comité contra la Tortura del Consejo de Europa.
Por otra parte, el juez Pablo Ruz, que ocupa provisionalmente el Juzgado Central de Instrucción número 5, permanecerá por el momento en su puesto hasta que la plaza salga a concurso en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La plaza quedará vacante en el momento que se ejecute la expulsión de la carrera del titular de la misma, que sigue siendo Garzón.
La Comisión Permanente del Consejo acordó por unanimidad designar a Ruz como sustituto de Garzón en junio de 2010, un mes después de suspender provisionalmente a éste último de sus funciones.