Agentes de la Policía Nacional están registrando la sede de la Dirección General de Integración y Cooperación de la Generalitat Valenciana, ubicada en la calle del Pozo, dentro de la investigación abierta respecto a subvenciones otorgadas por la extinta Conselleria de Solidaridad a distintas fundaciones, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento. Estos registros han tenido lugar después de la detención del director general de Cooperación, Josep María Felip.
Esta operación la lleva el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que abrió el pasado mes de mayo una causa contra varias personas, entre ellas funcionarios, por supuesto fraude en la concesión de subvenciones. El procedimiento lo abrió tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Valencia, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en un comunicado.
En concreto, el juzgado investiga los delitos de fraude en la concesión de subvenciones, malversación de caudales públicos, falsedad documental y otros. A lo largo de la mañana se han practicado varias detenciones, entre ellas la del director de Cooperación, Josep María Felip, y se han ordenado diferentes entradas y registros. La causa está bajo secreto.
Al respecto, el ministerio público abrió una investigación por este asunto en octubre de 2010, tras recibir una denuncia de la diputada del PSPV Clara Tirado en relación a subvenciones otorgadas en 2008 por la Conselleria de Solidaridad –cuyo titular era Rafael Blasco, actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas– a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) para el desarrollo de dos proyectos de cooperación en Nicaragua.
En concreto, Tirado denunció la subvención de cerca de dos millones de euros concedida por el Gobierno valenciano para abastecer y tratar agua para consumo humano y producir alimentos en Nicaragua y que –según mantenía– acabó destinándose a la compra de bienes inmuebles en la ciudad de Valencia.
En respuesta a esta denuncia, Rafael Blasco remitió a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana –así como de los grupos parlamentarios– los expedientes correspondientes a las subvenciones a la Fundación Cyes para estos dos proyectos de cooperación. El fiscal superior de la Comunitat, Ricard Cabedo, tras estudiar la documentación aportada, decidió remitirla a la Fiscalía de Valencia al estimar que no había indicios de delito de aforados.
Paralelamente a esta investigación, y transcurridos unos días, la Fiscalía abrió otra causa tras una documentación aportada por la diputada de Compromís Mireia Mollà, en la que se afirmaba que la conselleria de Blasco también favoreció a la Fundación Entre Pueblos –ahora Hemisferio–. Según indicó en ese momento Mollà, el dinero de las subvenciones que recibía esta entidad, en vez de destinarlo a sus objetivos, se destinó a empresas que creó la fundación.
Cesados
El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha anunciado que esta tarde cesará al director general de Integración y Cooperación de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, Josep María Felip, y al subsecretario de la Conselleria de Sanidad, Alexandre Catalá Bas, por la investigación sobre las subvenciones otorgadas por la extinta Conselleria de Solidaridad a distintas fundaciones.
Alenxandre Catalá, que está imputado, ha ocupado el cargo de subsecretario, primero en la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía y, más tarde en la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía. Actualmente, lo desarrollaba en Sanidad. A Felip, que ha sido detenido, se le imputan los presuntos delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental y malversación de fondos públicos.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa tras reunirse con el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, en la que ha dicho: «no podemos permitir que se ponga en duda la gestión de un gobierno».
Estrella Digital/EP