El colegio Santa Illa, ubicado en el distrito de Chamartín de Madrid, ha recuperado su mobiliario y material escolar y deportivo, que el jueves fue embargado por una deuda de 900.000 euros que tiene la empresa responsable del centro con la Seguridad Social.
A mediodía de este viernes llegaba el primero de los tres camiones que la empresa Transfesa ha desplazado hasta el centro para traer el material embargado. Lo primero en salir del vehículo ha sido una batería de música, seguido de un potro y de varias pizarras y pupitres.
El director técnico del colegio privado, Manuel Díaz, se ha acercado hasta la entrada de las instalaciones para atender a los operarios que iban descargando el mobiliario y que iban depositándolo en el patio.
Díaz ha explicado que están «muy contentos de volver a la normalidad» y aunque ha reconocido que el lunes no será un día normal, será cuando comiencen las clases. De hecho, uno de los trabajadores del colegio ha colocado un cartel en la fachada de la entrada en el que comunica que la reanudación de las clases será el lunes 27 de febrero.
Además, ha indicado que los trabajadores del centro se enteraron de la situación el miércoles por la tarde, cuando se lo comunicó al empresa, y no se procedió a buscar una solución porque era «materialmente imposible». «No pensábamos que se iba a proceder al embargo», ha apostillado.
En este sentido, ha criticado la manera en la que se procedió a retirar los muebles, pues aunque no entra a valorar los hechos, sí lo hace con las formas. «No fue el procedimiento correcto. Estaban los alumnos en el cole», ha dicho.
Sobre la situación económica del centro, Díaz ha señalado que él es el responsable académico y que no tiene conocimiento de la situación económica dirigida por un administrador como en cualquier empresa privada.
También ha recalcado el «apoyo de los padres» con los que se reunieron este jueves por la tarde y se le explicó la situación -el centro no tiene constituida una asociación de padres de alumnos (APA) como tal porque es pequeño-.
Por último, ha reconocido que el colegio contaba con menso alumnos que el año pasado pero lo ha achacado a la crisis y ha destacado que desde que se iniciaron las clases en septiembre todo ha ido «con normalidad» y los profesores están «cobrando las nóminas».
Sobre la posibilidad de que algunos padres decidan no seguir con sus hijos en el colegio, ha añadido que eso será una decisión que «dependerá de cada persona».
La Seguridad Social devuelve los bienes
La Seguridad Social procedió a entrar porque vencía el plazo para la retirada de los bienes después de haber obtenido la autorización judicial de entrada forzosa.
Y es que según ha indicado el propietario del centro ha recibido en los últimos 10 años «centenares de notificaciones» en las que se explicaba que se podía proceder al embargo y este no había respondido. De hecho, un portavoz de la Administración ha añadido que se les había impedido la entrada. «Esto lleva una trayectoria muy larga. Este señor estaba enterado y tenía que haber puesto en conocimiento de todo lo que pasaba tanto a los trabajadores como a los padres», ha sostenido.
Entre los alumnos que acuden al Santa Illa están los hijos de Mar Flores y Javier Merino, ambos, acudieron este jueves a la reunión de padres con el directivo del colegio para explicarles la situación.
El colegio estaba avisado del embargo desde el 31 de enero
El administrador del colegio privado Santa Illa (Madrid), en el distrito de Chamartín, y cuyos bienes fueron embargados este jueves, conocía la advertencia del posible embargo desde el pasado 31 de enero, según ha informado Andrés Ruiz.
Se solicitó la declaración judicial porque el administrador «se había negado expresamente» a que los funcionarios entrasen a la finca. Posteriormente, el 31 de enero, la advertencia con el embargo se le comunicó al administrador mediante un auto judicial.
Ruiz ha indicado que hace 15 días se le volvió a decir al administrador que se iba a proceder al embargo y que aunque presentase un recurso, éste no lo paralizaba. «Se presentó un recurso, pero esto no significa que se paralice el embargo», ha añadido Ruiz, quien ha señalado que la retirada de los bienes ha sido consecuencia de estos hechos.