El nuevo presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la sentencia del Tribunal Supremo que condena a Baltasar Garzón a once años de inhabilitación por las escuchas del ‘caso Gürtel’, y ha asegurado que este asunto «no tiene nada que ver» con las escuchas que él autorizó como juez instructor del caso contra el supuesto informático de ETA, Iraitz Guesalaga, absuelto por la Audiencia Nacional recientemente.
«No tienen nada que ver, y el que quiera que se lea las resoluciones y vea que se trataba en uno y en otro caso», ha manifestado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que a la hora de estudiar la legalidad o no de una intervención telefónica en la instrucción de un caso se debe hacer un «tratamiento judicial concreto» de cada situación.
En este sentido, ha señalado que cuando un juez entiende que un abogado «está desarrollando actividades criminales y lo justifica, no hay ningún problema», para insistir en que deben existir «indicios racionales de criminalidad» por parte de los abogados que demuestren que «están cooperando en la comisión de un delito».
«Son asuntos judiciales y tratamientos judiciales concretos. Olvidemos las etiquetas de personas», ha reiterado, para negar que haya habido una doble intención a la hora de inhabilitar a Garzón. «Estoy absolutamente convencido de que se le ha tratado como a otro ciudadano más. ¿Cómo podemos pensar que el Tribunal Supremo, con personas de solvencia jurídica y personal, va a entrar en este tipo de juegos?», ha señalado.
Preguntado sobre otro de los casos por los que el juez Garzón ha sido juzgado, el que tiene que ver con la investigación de los crímenes del franquismo, Grande-Marlaska ha señalado que dicha sentencia, que sí absuelve al magistrado, es diferente a la de las escuchas porque en ella el TS interpreta que el juez ha cometido «un error judicial que no es susceptible de ser relevante».
En este sentido, el magistrado de la Audiencia Nacional ha reconocido que, tal y como ha puesto de manifiesto el Supremo, la vía judicial no era la adecuada para investigar este asunto, sino la administrativa, pero ha defendido la necesidad de seguir profundizando en el asunto. «¿Cómo no me va a parecer bien que se satisfaga a unas víctimas que no han visto sus derechos plenamente satisfechos?», ha preguntado.
Todos los condenados son iguales
Sobre el papel de la justicia en la lucha antiterrorista, Grande-Marlaska ha defendido que es preciso ser «generosos» en el sentido de que hay que tratar a todos los condenados, sean o no miembros de ETA, de la misma forma y ceñirse siempre a la estricta aplicación de la ley.
«Es simplemente aplicar lo que la ley dispone. Aplicarle a unos condenados como se lo aplicarías a otros. Eso es ser generoso. Un Estado no tiene que hacer aplicaciones diferenciadas de la ley en base a los hechos sino una aplicación uniforme y razonable de todo. Como empecemos a diferenciar en un Estado de Derecho en esas situaciones podemos encontrarnos con problemas serios», ha advertido.
En este sentido, ha defendido que el poder judicial «no se mueve en contextos», por lo que a la hora de decidir sobre cualquier asunto, como puede ser la revisión por parte del Tribunal Supremo de la condena a Arnaldo Otegi por el ‘caso Bateragune’, el órgano actuará «en parámetros de estricta legalidad». «Cualquier otro parámetro quiebra el poder judicial», ha alertado.
Preguntado acerca de la política penitenciaria para los presos de ETA, Grande-Marlaska ha aclarado que este es un asunto en manos «estrictamente» de Instituciones Penitenciarias y el Poder Judicial, pero que, en su opinión, «todo tratamiento penitenciario debe ir encaminado a la resocialización».
Decisión en base a la «legalidad»
Sobre el caso ‘Palma Arena’, por el que el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, ha declarado como imputado este fin de semana, el magistrado no ha descartado que el caso llegue a la Audiencia Nacional siempre que «afloren nuevos elementos que consoliden» esta decisión. «Nunca se puede descartar», ha reconocido.
En esta misma línea, ha explicado que la reapertura del juicio por los atentados del 11-M, algo que reclaman algunos sectores, se daría siempre en base a la «legalidad» y sólo en el caso de que hubiera «circunstancias nuevas» y si fuera «razonable». «No me voy a anticipar», ha apuntado.
Estrella Digital/EP