Todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados han rechazado este jueves las medidas propuestas por Unión Progreso y Democracia (UPyD) encaminadas a reformar el Estado de las autonomías «para evitar el despilfarro y las duplicidades en el conjuntos de las Administraciones Públicas e impedir más recortes en servicios públicos esenciales». Los cinco diputados de UPyD se han quedado solos frente a los 314 votos en contra.
Entre las recetas de UPyD, defendidas por Rosa Díez, figuraba acabar con los regímenes fiscales propios de Euskadi y Navarra, suprimir las diputaciones provinciales y forzar una fusión de ayuntamientos, aspectos que el PP rechaza de plano. Durante el debate, el diputado del PP Rafael Merino ha acusado a UPyD de situarse en la «demagogia» y ha asegurado que el resto de puntos de la moción, encaminados a «evitar despilfarro y duplicidades», son los que, a su juicio, ya ha empezado a hacer el Gobierno de Mariano Rajoy.
En este sentido, ha señalado que el Gobierno está trabajando en una «importante y trascendente» reforma de las administraciones públicas que «en próximas fechas verá la luz» que responderá al primer punto, que insta al Gobierno a «evitar duplicidades y solapamientos en el conjunto de las Administraciones Públicas».
Sobre esta reforma ha dicho que reflejará el principio «una administración, una competencia», cumpliendo el programa electoral del PP y con lo que dijo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su discurso de investidura.
En cuanto al punto que insta al Ejecutivo a establecer mecanismos para controlar los presupuestos de las Comunidades Autónomas y sancionar los incumplimientos de los objetivos de déficit establecidos, Merino ha dicho que «es la ley de estabilidad presupuestaria». Igualmente, ha apuntado que en la misma norma se encuentra recogido el punto tercero, que reclama que «se obligue a las comunidades autónomas a adoptar las medidas necesarias para mejorar su gestión, utilizando las mejores prácticas de las más eficientes».
Ahorro de 26.900 millones de euros anuales
Durante su intervención, Díez ha sostenido que obligando a las comunidades autónomas a aplicar las «buenas prácticas» de «las tres más eficaces y eficientes» se ahorrarían más de 26.900 millones de euros al año. Esta medida entraría en lo que ha definido como una primera parte de reestructuración del Estado de las autonomías, sin recurrir a una reforma constitucional.
Con respecto al punto cuarto, que pide «suprimir todo organismo, ente, empresa, consorcio, observatorio, sociedad o fundación pública cuya actividad duplique la realizada por otra administración», Merino ha aseverado que «el Gobierno ya lo ha hecho, con diálogo y consenso» con las comunidades autónomas, según los acuerdos alcanzados en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF); y con los entes locales.
En cuanto a la quinta propuesta, que se refiere a la fusión de los municipios de reducido tamaño, Merino ha subrayado que «es imposible sin contar con las comunidades autónomas y analizar caso por caso cada ayuntamiento». Mientras que sobre la supresión de las Diputaciones Provinciales, objeto de la sexta propuesta, ha aseverado que «el PP apuesta por la existencia de las Diputaciones».
También ha defendido Merino la pervivencia de los regímenes fiscales del País Vasco y Navarra, cuya supresión, reclamada por UPyD, ha dicho rechazar «con toda convicción», porque, ha señalado, forman parte de la historia y el entramado legal del país.
«Centralismo interasdo»
El diputado popular ha advertido a Díez de que su demagogia «está alcanzado límites insospechados» y ha asegurado que la propuesta de UPyD consiste en «un centralismo interesado». Por su parte, Díez ha subrayado que su partido defiende la «descentralización política», pero una «descentralización política rigurosa».
La portavoz de UPyD ha insistido en la «necesidad de reestructurar el Estado de las autonomías, para no reestructurar, en el sentido de limitar, el Estado del Bienestar». En esta línea, ha asegurado que «el modelo de Estado no es un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio de los ciudadanos». «Espero que no nos tengamos que pasar ocho o diez años proclamado en el desierto que hay una crisis política a la que hay que enfrentarse, que requiere la reforma del Estado», ha sentenciado.
Discurso «muy populista»
El diputado del PSOE, Odón Elorza, ha reprochado a la líder de UPyD que el discurso de su formación es «un discurso muy populista, muy fácil en un momento de descrédito de la política», y lo ha tachado además de «peligroso».
El socialista ha dicho que su grupo comparte «los objetivos que dice defender la moción» de regeneración democrática, eficiencia y garantizar la igualdad de todos los ciudadanos españoles en relación al acceso a los servicios básicos. No obstante, ha manifestado que ve «un ataque a las comunidades autónomas» en las propuestas de UPyD.
Por su parte, el diputado de CiU Carles Pàramo ha dicho que su formación ha interpretado la propuesta «por un lado como un claro llamamiento a la centralización, por otro como un elogio», ya que ha admitido que se han dado por aludidos en la referencia a las tres comunidades autónomas «mejores». Pàramo ha asegurado que Cataluña se está «sacrificando» y se ha preguntado si van a hacer lo mismo las demás Administraciones Públicas y cuándo van a empezar. En este sentido, ha señalado la necesidad de un plan de austeridad «que el Gobierno debería haber presentado ya».
«Temeridad irresponsable»
El diputado del PNV, Emilio Olabarría, ha tachado la propuesta de «una temeridad que llega a grados irresponsables» y ha acusado a Díez de pretender derogar la Constitución, en particular en lo que respecta a los regímenes fiscales del País Vasco y Navarra. Asimismo, le ha reprochado que lo que está intentando es ganar votos porque su partido «ha encontrado un nicho de votos a la derecha del PP».
Desde el grupo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Ascensión de las Heras (IU), ha negado que la crisis tenga sus raíces en el modelo de Estado y ha asegurado que la salida a la crisis «no pasa por el desmantelamiento de las Administraciones Públicas», sino por su «funcionamiento eficaz y eficiente» y por «la transparencia, la información y la participación democrática y directa de la ciudadanía».