Los ciudadanos de Rasquera (Tarragona) decidirán este martes en un referéndum vinculante si permiten cultivar en el municipio una plantación de marihuana para los 5.000 socios del club de fumadores Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA).
El Ayuntamiento, que defiende la «plena viabilidad jurídica» de la plantación, prevé crear 40 puestos de trabajo y ganar hasta 1,3 millones de euros en dos años -a partir de este julio-, que destinará a pagar las deudas que tiene el municipio y a impulsar la actividad económica.
El plan de acción municipal anticrisis 2012 contempla la creación de la empresa pública ‘Rasquerana de Investigación e Interpretación de la variedad vegetal Cannabis Sativa’, que desarrollará un programa de ordenación, planificación y gestión para supervisar el proyecto.
Entre sus atribuciones está crear una mesa de vigilancia que desarrollará los protocolos de seguridad y prevención riesgos, además de impulsar la investigación del cannabis y sus efectos.
Además, se creará un banco de tierras para que los propietarios de fincas interesados puedan ofrecer al Ayuntamiento el derecho de uso privativo y de explotación, y una bolsa de trabajo.
Este martes están llamados a votar 940 habitantes de Rasquera, y el alcalde, Bernat Pellisa, espera que «la gente pueda manifestar libremente el pueblo que quiere tener en el futuro».
Para que el proyecto que el pleno municipal aprobó el 29 de febrero prospere deberán tener un mínimo del 75% de los votos a favor, y en la papeleta sólo habrá dos respuestas a la pregunta de si están de acuerdo con la iniciativa municipal: ‘sí’ o ‘no’.
En caso de que el pueblo tumbe su proyecto, Pellisa ya ha anunciado que dimitirá y que se paralizará la iniciativa, después de que haya renunciado a su partido, ERC, y a su silla en el Consejo Comarcal de Ribera d’Ebre para tener plena libertad para impulsar el proyecto.
Diligencias de la Fiscalía
La Fiscalía de Tarragona ha abierto diligencias informativas y analiza si es posible jurídicamente, y a la espera del informe definitivo, el fiscal jefe de Tarragona, Xavier Jou, ya ha avanzado que cree que el consumo colectivo de cannabis no es delito si no hay riesgos para terceros.
Ha advertido de que la legalidad depende de que el consumo sea para un grupo reducido, de que se realice en un lugar cerrado, de que se asegure que las sustancias no sean consumidas por personas adictas y de que el consumo sea inmediato.
El Consejo Comarcal rechaza el proyecto porque «se aleja de los valores éticos y morales de una sociedad que necesita el trabajo, el esfuerzo, la constancia y la perseverancia para salir de la situación de crisis global que sufre».
En una moción, aprobada con los votos de CiU, la abstención del PSC y los votos en contra de ERC, lamenta la imagen «distorsionada que se ofrece de la comarca, afectando de manera negativa a la preservación de una identidad cultural, agrícola, turística e industrial».
La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, aseguró que no veía la «solución» para la reactivación económica y salir de la crisis aprobar en este proyecto, y la delegada del Gobierno, Llanos de Luna, ya avanzó que solicitaría toda la documentación.
El conseller de Interior de la Generalitat, Felip Puig, considera que la iniciativa es de «dudosa legalidad» y de hecho, los Mossos d’Esquadra han seguido con su presión a la ABCDA, arrestando a una trabajadora de la asociación, que quedó en libertad, e imputando a otras personas tras una redada en su sede en Barcelona el 23 de marzo.
Estrella Digital/EP