El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado este miércoles en el Congreso un tema que ya levantó ampollas durante esta Semana Santa. El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, aplicar las normas contra la ‘kale borroka‘ a los violentos que se demuestre que están implicados en altercados como los de la huelga general de Barcelona, ya que «campan a sus anchas con absoluta impunidad».
A los miembros de la ‘kale borroka’ legalmente se les considera «elementos terroristas» y como tales son juzgados en la Audiencia Nacional. Los actos de esta formación se consideran terrorismo. Y con el mismo rasero de medir, pedía el líder del PP del Ayuntamiento de Barcelona que se juzgara a los autores de altercados callejeros. El PP nacional no ha llegado a tanto, pero ya ha adelanto que se castigarán como delitos de integración en organización criminal.
Entre ellos estarán ahora concertar concentraciones violentas por cualquier medio de comunicación como Internet y las redes sociales. «Hay que hacer frente a estos movimientos que actúan con técnicas de guerrilla urbana», ha dicho el titular de Interior. «También pretendemos incluir como delitos de desórdenes públicos los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos ampliando el tipo de daños con alteración del orden público a los daños que se produzcan por interrupción o perturbación de cualquier servicio público». Estas medidas aún no han sido aprobadas, pero es cuestión de días que las lleven a Consejo de Ministros.
Delito de atentado contra la autoridad
Interior desea incluir también como delito de atentado contra la autoridad la resistencia activa o pasiva «grande» ante las fuerzas de seguridad. Además se considerará como agravante las amenazas y comportamientos intimidatorios, la embestida y lanzamiento de objetos peligrosos.
«Por desgracia estos actos no suceden sólo en Barcelona -cuenta Fernández Díaz-, no hay que responder desde el Código Penal a iniciativas de guerrilla urbana pero tampoco recurrir al buenísimo jurídico».