Varios agentes de Policía Municipal, acompañados por los vigilantes de seguridad de los juzgados de Plaza de Castilla, han escoltado a la religiosa María Gómez Valbuena tras negarse a declarar ante el juez de instrucción de Madrid, Adolfo Carretero, por la causa de bebés robados en hospitales españoles.
Ante la gran expectación que ha generado su presencia, el magistrado ha previsto una barrera de seguridad para evitar que la monja fuera captada por los medios una vez hubiera abandonado las dependencias judiciales.
Sor María ha llegado a las instalaciones judiciales en torno a las 8.00 horas de este jueves, entrando por los Juzgados de Guardia de Plaza de Castilla. De esta forma, ha evitado el encuentro con los medios que esperaban su llegada.
En su declaración, la religiosa se ha acogido a su derecho de no declarar. Su presencia ante el juez ha durado apenas unos minutos, para abandonar después la sala de vistas escoltada por los agentes de Policía Municipal.
Los hechos
La religiosa María Gómez Valbuena está imputada por un delito de detención ilegal y falsedad en documento por su implicación en el ‘caso de los niños robados’ por la desaparición de una niña en la clínica Santa Cristina en marzo de 1982, han informado fuentes jurídicas.
Está previsto que este jueves los ministros de Justicia, Interior y Sanidad, Alberto Ruiz-Gallardón, Jorge Fernández-Díaz y Ana Mato, así como el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, se reúnan con las asociaciones de víctimas para tratar este asunto.
Sor María ha ido al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid una semana después de que María Luisa Torres ratificará ante el magistrado la denuncia contra esta religiosa, que actualmente vive en un convento de la capital con las hermanas de la Caridad.
Esta religiosa trabajó en la maternidad de Santa Cristina de Madrid y se la vincula con el doctor Eduardo Vela, relacionado también a la trama que investiga en toda España los casos de bebés robados.
En concreto, la denuncia que investiga Carretero es el caso de una madre que dio a luz a su hija en marzo de 1982 en la clínica Santa Cristina de Madrid. Sobre la mesa, el juez tiene pruebas de ADN que confirman la relación biológica materna entre la madre y la hija, algo fundamental que ha propiciado que siga adelante la investigación.
Por estos hechos, se imputa a la religiosa un delito de detención ilegal y falsedad documental. No obstante, este delito podría pasar a uno de sustracción de menores, ya que este tipo penal no tiene carácter permanente como sería el de detención ilegal, según han indicado las mismas fuentes.