El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, en el segundo pleno ordinario del día, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera con el voto a favor de PP, CiU, UPyD, Foro y UPN, la abstención del PNV y el rechazo de los demás partidos de la oposición, con lo que la norma recibe menos apoyo (192 votos) que la reforma constitucional acometida por ‘populares’ y socialistas el pasado verano y que, con el apoyo de 316 diputados, dio lugar a esta normativa.
Así, mientras el PSOE apoyó la reforma del artículo 135 de la Constitución acordada por el anterior presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, ahora ha optado por votar en contra; y la no participación en la votación de CiU se ha tornado en respaldo y la del PNV ha pasado a ser una abstención. UPyD, que rechazó la reforma constitucional, también ha votado a favor de la norma del Gobierno, lo mismo que UPN.
Finalmente, los avisos del PSOE de que no respaldaría la ley si el Ejecutivo no «recuperaba el acuerdo político» de agosto han acabado verificándose en la votación en el plenario. Y es que los responsables del Gobierno y del principal grupo de la oposición no han sido capaces de ponerse de acuerdo sobre el eje central de la norma: el límite de déficit estructural que se permitirá a partir de 2020.
Y es que los socialistas defienden que el acuerdo era fijarlo en el 0,4%, pudiendo elevarse hasta el 1% en casos excepcionales, el Ejecutivo insiste en que la estabilidad presupuestaria exige tener equilibrio en las cuentas, susceptible de excepciones únicamente en casos de catástrofes o reformas estructurales.
Negociación hasta el último minuto
Tras todo un día de declaraciones cruzadas e intentos de negociación hasta el último minuto, las diferencias no han podido ser superadas y los socialista han acabado votando en contra lo que, a su juicio, anula el efecto positivo de credibilidad y compromiso con la austeridad que se pretendía conseguir en primer lugar.
Así, el diputado del PSOE Pedro Saura ha acusado al PP de haber «roto el espíritu constitucional en materia de estabilidad presupuestaria» y ha avisado de que la limitación al 0% supone una «pérdida adicional de credibilidad internacional». En este punto, ha asegurado que el Gobierno está perdiendo credibilidad «por un chorro» y de ahí las «prisas» para aprobar la Ley. Además, ha asegurado que «el enemigo para el PP es el PSOE, aunque el enemigo importante es la crisis».
Por contra, la portavoz de Hacienda del PP, Ana Madrazo, ha recriminado que el PSOE «haya cambiado de opinión en unos meses» y ha pedido a la bancada socialista que actúe «con sentido común, con sentido de Estado», apelando a su «responsabilidad hasta el último minuto». «Lo que está en juego es España y su futuro. Esta ley pone los cimientos para recuperar la confianza y la senda del crecimiento», ha zanjado.
Concesiones de los catalanes
Sin embargo, el Gobierno sí se ha granjeado el apoyo del grupo nacionalista catalán, cediendo en su principal reivindicación: que las comunidades autónomas que hayan cumplido con los objetivos de déficit en 2020 puedan amortizar la deuda, cuando hayan dedicado recursos a potenciar el crecimiento, en un plazo de 20 años a partir de 2012, hasta 2032.
En opinión del diputado Josep Sánchez Llibre, el acuerdo alcanzado permitirá que, cuando se retorne a la senda del crecimiento, las comunidades autónomas que cumplan con el objetivo de equilibrio presupuestario puedan dedicar una parte «importante» de sus recursos para inversiones y potenciar el crecimiento económico.
CiU -que ha pasado de presentar una enmienda a la totalidad a votar a favor del texto gracias a los cambios acordados con el PP- considera que los cambios permiten superar el «ataque frontal al corazón del autogobierno» y ha propuesto al Gobierno flexibilizar el techo de déficit para poder acordar con el PSOE.
Se suman UPN, FAC y UPyD
El Gobierno también ha conseguido sumar los votos de UPN y UPyD, partidos a los que aceptó algunas enmiendas técnicas. El diputado de la formación magenta Álvaro Anchuelo ha valorado positivamente la legislación porque introduce por primera vez un control del Estado a las cuentas de las comunidades autónomos, que estén en «el centro del problema», así como mecanismos coercitivos y sancionadores para quienes incumplan los objetivos marcados. A renglón seguido, ha vuelto a reclamar controles previos a las cuentas regionales.
Por su parte, el diputado de UPN, Carlos Salvador, ha mostrado su apoyo a la ley, al igual que hizo su formación con el anteproyecto, al estar «convencido» de la necesidad de una regulación «más estricta sobre la estabilidad».
En cuanto al PNV, ha retomado su postura habitual en votaciones de carácter fiscal, la abstención, tras pactar con el Gobierno el mantenimiento de la especificidad de las haciendas forales de Navarra y País Vasco, recuperando la redacción a este respecto que figuraba en la normativa de 2004. Su portavoz económico, Pedro Azpiazu, ha criticado las «prisas» del Gobierno por decirles a unos mercados «insaciables» que España es «el campeón de la estabilidad».
Se ahogará el crecimiento
El portavoz económico de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Alberto Garzón, ha asegurado que la Ley no dará confianza a unos mercados «insaciables» como, a su juicio, demuestra la actual escalada de la prima de riesgo, y ha alertado de que «empeorará la actividad económica» de forma que «paradójicamente aumentará más el déficit», como ha ocurrido en Portugal y Grecia.
La diputada de ERC Teresa Jordá ha criticado que la ley supone una traslación a las comunidades autónomas de «la disciplina franco-alemana» y un «manifiesto peligro de austeridad excesiva». Además, ha lamentado que se establezcan límites estrictos de déficit a las comunidades cuando el Estado es quien más deuda acumula, más ingresos impositivos percibe y menos obligaciones de gasto tiene. «Juega en casa y con ventaja», ha añadido.
También Rafael Larreina, de Amaiur, ha criticado que la ley parte de «una concepción de las autonomías como mera descentralización administrativa» y de «un error de diagnóstico de las causas de la crisis». «Esta reforma neoliberal renuncia a la economía productiva a favor de la especulativa», ha lamentado, defendiendo por contraposición la «estabilidad económica, fiscal, medioambiental y social.
No es el qué, es el cómo
El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha protestado también contra la «intención del PP de silenciar al Grupo Mixto» pese a ser responsables del «41% de las enmiendas presentadas», y ha justificado su voto contrario en su rechazo a «priorizar» el pago a los bancos por delante del mantenimiento del Estado de Bienestar.
Ésa es también la crítica de Francisco Jorquera, del BNG, que ha recordado que el déficit «con prudencia» es «necesario para asegurar el crecimiento económico» pero que dar «prioridad absoluta al pago de la deuda antes que al empleo» denota una «política sometida a la paranoia y chantaje continuo de los poderes financieros que han originado la crisis».
«No discrepamos en el qué sino en el cómo, en la sacralización del déficit cero y en penalizar a todos independientemente de cómo se haya gestionado», ha coincidido Uxúe Barkos, de Geroa Bai.
El diputado de CC-NC Pedro Quevedo ha considerado que los criterios de estabilidad presupuestaria son «positivos y razonables», pero ha alertado de que pueden frenar la recuperación económica. Asimismo, ha recordado que Alemania y Francia tienen niveles de deuda pública inferiores a los de España (68%) sin que en estos países «se capte el drama» que, a su juicio, se vive en España.
El texto aprobado será remitido al Senado, que previsiblemente aprobará la ley en los mismos términos, por lo que podrá entrar en vigor ya a principios de mayo.
Estrella Digital/EP