El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, ha calificado este martes de «desproporcionada por innecesaria» la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, -que instruye el caso sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta- de decretar el ingreso en prisión del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, ya que considera que éste «ha demostrado a lo largo de estos meses que va a colaborar plenamente» con la justicia y que «no va a tomar ninguna posición personal que signifique una distorsión de la instrucción ni de la causa».
En declaraciones a los periodistas en Huelva, Jiménez ha reiterado este martes «su respeto a las decisiones judiciales» pero ha dejado claro que «desde una visión de la cosas y una comparación con otras situaciones y del propio trayecto de este caso» su formación considera «desproporcionada» la medida de la juez Alaya.
En este sentido, el dirigente socialista ha señalado que Fernández lleva «encausado más de un año y ha estado colaborando desde el primer momento con la administración judicial» al objeto de «esclarecer todas las circunstancias de la que pudiera tener conocimiento y pudieran servir a la causa», por lo que no entiende que se dicte «una norma que está fundamentada cuando hay riesgo de fuga», cuando, a su juicio, no sería el caso del exconsejero.
Asimismo, Jiménez ha destacado que Fernández «lleva un año encausado y no se ha fugado y además cuenta con una situación familiar y profesional normalizada», así como ha resaltado su trabajo «magnífico» al frente del Consejo Regulador del Vino del Marco de Jerez.
Además, el portavoz ha remarcado que «no hay razón» para que éste se encuentre «sometido a la presión de estar en prisión preventiva» y, a su juicio, «se está produciendo la anticipación de una pena que podrá darse o no» y por tanto, considera que «habrá que ver las circunstancias y la sentencia antes de condenar a nadie».
«Condena anticipada»
En esta misma línea, Jiménez ha hecho hincapié en que esta orden de ingreso en prisión puede valorarse como «una condena anticipada» que «indiscutiblemente tiene unas consecuencias a nivel de la opinión pública y una lectura política». «A veces da la sensación de que se ha buscado eso, es decir, que las decisiones que se están tomando tengan una lectura política y que dé pie a la manipulación obscena del PP», según ha enfatizado el también secretario general de los socialistas onubenses.
En su opinión, «las casualidades no existen y si se compara la decisión de la jueza con otros casos no hay comparación, porque hay presidentes de comunidades autónomas del PP condenados que se están paseando tranquilamente por la calle». No obstante, «se dicta prisión para una persona sobre la que no existe ninguna condena, ni duda de que pueda darse la fuga, ni sobre la que no se ha podido demostrar, ni creemos que se pueda demostrar nunca, que ha habido un enriquecimiento personal porque nos consta de que se ha investigado en esa dirección y no se ha podido demostrar».
Jiménez, que ha reiterado la colaboración «plena» de la Junta de Andalucía y el PSOE-A con la justicia, ha señalado que «se tiene que llegar hasta el final en la instrucción para que lo antes posible se esclarezcan los hechos y los responsables asuman su culpa».
Del mismo modo, ha pedido que la fase de instrucción culmine «lo antes posible» y se proceda al enjuiciamiento para que «los culpables asuman sus responsables y los que sean inocentes, que lo son, queden exculpados, porque eso es importante».
Respeto a la presunción de inocencia
Preguntado por si se refiere a Fernández al hablar de estas personas «inocentes», Jiménez ha incidido en que para quien «no se haya inculpado, como es el caso de Francisco Javier Guerrero, e incluso en ese caso hay que esperar a la sentencia, hay que respetar la presunción de inocencia».
Del mismo modo, ha remarcado que ese principio de presunción de inocencia se respete para Fernández sobre el que no pesa «ninguna condena, sino que se ha tomado una medida cautelar que es desproporcionada».
Finalmente, ha hecho hincapié en la importancia de que «los hechos aislados que se hayan podido cometer por parte de algún responsable, no cuestionen las políticas en materia de ayuda sociolaboral que han permitido salvar miles de puestos de trabajo».
Estrella Digital/EP