El Gobierno aprobará este viernes previsiblemente las reformas de la Ley de Aguas y de la Ley de Residuos, dentro del Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de Medio Ambiente, según han informado fuentes gubernamentales, que señalan que las reformas también afectarían al Parque Nacional de Tablas de Daimiel.
Además, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya anunció el lunes la decisión de liberalizar servicios, sin ofrecer más detalles, y explicó que el objetivo del Gobierno es conseguir una gestión más austera y eficiente, avanzar en la modernización y lograr que sean «mucho más económicos para los ciudadanos».
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En un documento reciente remitido por España a la Comisión Europea, el Ejecutivo explica que la reforma de la Ley de Aguas se realizará para «contribuir a una gestión más eficaz y coordinada».
Además, entre las medidas que contempla la reforma, se incluiría un plan para incentivar, como mecanismo potestativo, la transformación de los derechos de aprovechamiento privados de aguas a derechos concesionales, con el objetivo, entre otros, de facilitar y mejorar la gestión de episodios meteorológicos e hidrológicos desfavorables. Finalmente, propone reforzar la potestad sancionadora en materia de aguas.
En este sentido, la reforma normativa plantearía una gestión que preserve el «principio fundamental de unidad de gestión de cuenca» y permita «reaccionar con rapidez ante los problemas que se detecten en las masas de agua subterráneas, así como contar con una mayor flexibilidad para gestionar las disponibilidades de agua en las masas que cuenten con un plan de actuación».
En este sentido, las modificaciones propondrían la inclusión de figuras de proyección y mecanismos administrativos de actuación ante situaciones atmosféricas desfavorables, como las sequías que, en su opinión, «han de redundar en una mejora del estado tanto cuantitativo como químico de las aguas subterráneas y de los sistemas terrestres asociados».
Además, el documento asegura que se llevará a cabo una simplificación administrativa, eliminando aquellos mecanismos de intervención que, por su propia complejidad, resultan ineficaces e imponen demoras para los ciudadanos y dificultades para las Administraciones Públicas.
En cuanto a la Ley de Residuos, según distintas fuentes del sector, el Gobierno estaría planteando la supresión de algunas figuras que contempla la ley aprobada a finales de julio de 2011 como la que abría la puerta al Sistema de Depósito y Devolución de Residuos (SDDR), que funciona en otros países del norte de Europa y a la que se oponen otros sistemas integrados de gestión, como Ecoembes o Ecovidrio.