El juicio por el incendio del Ducado de Medinacelli, que en julio de 2005 acabó con la vida de los 11 miembros del retén de Cogolludo y arrasó 13.000 hectáreas de bosque y pinares en Guadalajara, se celebrará los próximos días 2, 3 y 4 de julio en la Audiencia Provincial de la capital alcarreña.
Según ha confirmado Carmen Clara Martínez de Tejada, abogada de la acusación particular en representación de ocho de las 11 familias de los fallecidos en el incendio, la Audiencia ha notificado a las partes el señalamiento de la audiencia pública, que se celebrará en sesiones de mañana y tarde y por la que pasarán los tres procesados -los excursionistas Marcelino Herce, Juan José Jiménez e Iasson Klados- además de decenas de testigos y peritos.
Martínez de Tejada ha explicado que el primer día será para interrogar a los procesados, el segundo para escuchar a testigos y peritos y el último para las exposiciones de fiscalía, acusaciones y defensas. «Todo apunta a que con tres días será suficiente para dejar el juicio visto para sentencia».
Los tres excursionistas procesados se enfrentan a varias peticiones de penas de cárcel. Por un lado, el abogado de la Junta de Castilla-La Mancha pedirá siete años, seis meses y un día de prisión, además de una multa de 7.200 euros y una indemnización a las arcas regionales de 11.303.495 euros para cada uno de los imputados.
Por su parte, el fiscal rebaja cuantitativamente las penas solicitadas por la Junta, y las deja en dos años de prisión, con multa de 3.600 euros y una responsabilidad civil de 13.996.933,71 euros a pagar a la Junta de Comunidades por parte de cada uno de los procesados.
El abogado que ejerce la acusación particular por parte de los ayuntamientos de Ablanque, Luzón y Ciruelos del Pinar, también solicita una pena de dos años de prisión por los mismos delitos de incendio forestal y una multa de 65.700.
Finalmente, los letrados de ocho de las 11 familias de los fallecidos, personados como acusación particular, solicitarán tres años de prisión así como 200 euros diarios de multa durante 365 días (73.000 euros), por un delito de imprudencia.
Precisamente, uno de esos letrados, Carmen Clara Martínez de Tejada, ha declarado que ya «iba siendo hora que, después de siete años, se celebrase el juicio».
Además, a pesar de que sólo se juzga a los causantes materiales del incendio, Martínez de Tejada y sus compañeros dicen tener muy claro que una cosa son las responsabilidades legales a las que se enfrentan los causantes materiales del fuego «y otra muy distinta las irregularidades que se cometieron en los trabajos de extinción del fuego».
Estrella Digital/EP