La privatización del Canal de Isabel II deja a la Comunidad madrileña, es decir, a la Administración Pública con la mayoría sobre la empresa. Un 51% del negocio. Para la ‘Plataforma contra la privatización del agua’, constituida por partidos políticos, sindicatos y asociaciones de vecinos la explicación es sencilla. Después de que bancos y constructoras –posibles empresas accionistas que entren en la empresa pública- se queden con el 49% del accionariado imponiendo que las administraciones públicas renuncien a su actual derecho a decidir cómo y quién realiza la gestión del agua en sus municipios, el resto del pastel queda así dividido:
– El 31% se lo queda la Comunidad Autónoma de Madrid.
– Un 10% será para el Ayuntamiento de Madrid.
– Y el otro 10% se repartirá entre los 178 municipios restantes de la Región.
Esto significa que se exime a la nueva Sociedad Anónima del pago de varios gravámenes y en el caso de pérdidas o quiebra será la Administración Pública quien tenga que hacerse responsable de los cargos.