La Junta de Castilla-La Mancha se ha querellado hoy contra el exdirector general de Deportes y exatleta Roberto Parra y contra el exsecretario general de Educación Tomás Hervás por prevaricación y malversación de fondos públicos en la construcción de pistas polideportivas en Ciudad Real desde 2005.
El consejero portavoz del Gobierno regional, Leandro Esteban, ha informado en conferencia de prensa de esta querella de la que se ha tomado conocimiento en el Consejo de Gobierno, y en el que también se han aprobado los presupuestos de la comunidad para este año.
Aunque Esteban solo ha citado a Parra, fuentes del Gobierno regional han informado de que también va dirigida contra el exsecretario general de Educación Tomás Hervás, por las obras que supuestamente se realizaron en el polideportivo Príncipe Juan Carlos de Ciudad Real y por las que se pagaron más de 70.000 euros.
La querella, que ha sido remitida hoy a un juzgado de instrucción ordinario, ha sido elaborada por los servicios jurídicos de la Junta tras tener conocimiento de algunos hechos que «pudieran ser delictivos» relativos a la supuesta realización de obras que no llegaron a plasmarse.
En concreto, se trata de la reforma del graderío de la pista de atletismo, que habrían costado 57.449 euros, y la reforma de los vestuarios, por 12.951 euros, según las fuentes del Ejecutivo consultadas por Efe.
Estas supuestas obras que no llegaron a realizarse fueron solicitadas en 2005 y, según Leandro Esteban, incluso fueron justificadas mediante certificaciones de obra falsa.
La querella considera que de los hechos de los que ha tenido conocimiento el gabinete jurídico se podría derivar un presunto delito de prevaricación, porque responsables del anterior gobierno regional «tomaron decisiones y resoluciones administrativas injustas a sabiendas de que lo eran».
Además, la querella también apunta indicios de malversación, ya que se habría pagado a una empresa por obras no realizadas, y falsedad en documento público, porque el anterior Gobierno regional aprobó resoluciones «que no serían concordantes con la realidad, es decir, falsas», ha explicado Esteban.
También se apunta a un posible delito de falsedad en documento privado, ya que la empresa que supuestamente había construido estas instalaciones deportivas emitió certificaciones de obra que acreditarían la realización de «unas obras que no llegaron a realizarse».
Leandro Esteban ha calificado este asunto de «muy grave» y ha lamentado, sobre todo, que afecte a la Consejería de Educación y Deportes.
Ha defendido los «derechos fundamentales e inalienables» de los ciudadanos de conocer el destino del dinero público y también de exigir responsabilidades a quienes «presuntamente pudieran haberlo empleado de manera fraudulenta o no ajustada a derecho».
Se trata de la segunda iniciativa legal que emprende el Gobierno regional en pocas semanas contra los anteriores responsables de la comunidad después de la querella presentada contra las exconsejeras María Luisa Araújo y Soledad Herrero por un supuesto fraude en la compra de un edificio en Ciudad Real.