El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dado orden al fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, para que se depuren «todo tipo de responsabilidades penales que pudieran derivarse de la gestión de las cajas de ahorro» y se examine, entre otros asuntos, «si la percepción de determinadas cantidades indemnizatorias pudieran estar incursos en algún tipo delictivo».
Así lo ha asegurado el fiscal general en una entrevista en la que ha calificado de «varias y variadas» las investigaciones abiertas, algunas correspondientes a diligencias de investigación incoadas por Anticorrupción y otras ya judicializadas.
Ha concretado que entre los organismos investigados no se encuentra «de momento» Bankia, aunque «otra cosa es que pueda haberlo en el futuro» y que tampoco existe ninguna actuación dirigida contra el gobernador del Banco de España.
Bankia
«En este momento no existe ninguna investigación abierta sobre Banckia de la que yo tenga noticia, otra cosa es que pueda haberla en el futuro -ha concretado-. Si hay algo abierto por hechos anteriores no lo puedo decir, porque no conozco todas las causas abiertas por Anticorrupción, pero sobre el último tramo de actualidad de Bankia no».
Torres-Dulce ha añadido que él es «muy beligerante» en todos los casos de corrupción y que los seguirá siendo por ser un asunto que le preocupa «extraordinariamente». No obstante, ha declinado señalar asuntos concretos «por la debida reserva, porque están en diligencias de investigación». Ha añadido que «se están investigando varios casos, los mismos en los que está pensando la ciudadanía».
Petición al Banco de España
«Lo único que tengo que pedir es que por parte de las autoridades bancarias, y sobre todo del Banco de España, se ofrezca la más completa colaboración para que podamos llevar con efectividad estas acciones que hemos emprendido», ha añadido Torres-Dulce, que ha insistido en la necesidad de que la documentación necesaria para que Anticorrupción realice su trabajo se transmita «con mayor presteza».
«No se trata de falta de colaboración», según el fiscal general, que reclama celeridad para poder ejercer «un mayor ritmo investigador». El principal representante del Ministerio Público ha explicado que comprende que las peticiones se refieren a documentaciones complejas y que el Banco de España tiene numerosas funciones, pero ha insistido en que le gustaría una «mayor rapidez en las respuesta a determinados tipos de procesos».
Según ha podido adelantar, hasta el momento las diligencias abiertas abarcan posibles delitos de estafa, apropiación indebida o falsedad documental, de naturaleza societaria y fraude fiscal. «Es decir, todas aquellas actividades que de alguna forma han podido incidir en el campo del derecho penal», ha señalado Torres-Dulce.
«Este campo, el penal, es relativamente restringido, luego habrá responsabilidades de tipo político, societario, contable, o tributario. Pero todas aquellas actividades que por parte de los Consejos de Administración, órganos de decisión o personas que puedan tomar decisiones hayan podido haber afectado al tráfico penal societario» se están investigando, según explica el fiscal general. Las diligencias responden a denuncias recibidas «o bien a documentación que se nos ha presentado y obliga a la investigación».
No habrá inquisición general
Torres-Dulce ha señalado que lo que Anticorrupción no puede hacer es una inquisición general, que está prohibida por la Constitución. «No vamos a investigar todo lo que haya hecho la ‘Caja X’, sino aquellos comportamientos que puedan tener una relevancia penal», ha concretado.
Respecto del gobernador del Banco de España, el fiscal general ha señalado: «Sobre Fernández Ordóñez, que por otra parte me merece la mayor de las consideraciones, no hay ninguna investigación abierta -ha añadido el fiscal general-. Lo que puede tratarse de defectos de gestión o de críticas con respecto a cómo se gobierna políticamente son decisiones que tendrán su juicio político o administrativo si hubiera algo, pero es que la incidencia penal es algo mucho más grave».
Corrupción
Preguntado por la anunciada redacción por su parte de una circular referida al tema de la corrupción, Torres-Dulce ha anunciado que será la primera que firme como fiscal general y tendrá que ver «con el fiscal como instrumento imparcial del derecho y garante de los derechos fundamentales».
Ha advertido que el los últimos tiempos «está muy presente» la urbanística o inmobiliaria, la política y la referida a «financiación de partidos políticos», pero también existen otros casos «que conviene no olvidar, como son los de blanqueo de dinero de organizaciones mafiosas con una presencia en Europa Occidental extremadamente preocupante».
Este tipo de corrupción, según Torres-Dulce, «empieza a enquistarse en la sociedad y produce unos efectos devastadores».
Para luchar contra estas situaciones, la Fiscalía General impulsará la denominada Oficina de Recuperación de Activos, para organizar los comisos derivados de las intervenciones a estas mafias.
El fiscal general ha insistido en que se debe ser muy respetuoso con los derechos fundamentales y con las garantías procesales, porque no se puede «intentar conseguir una condena como sea», sino a través de los medios legales.
«En algún caso ese respeto puede hacer ineficaz el proceso, pero es que esa es la garantía que nos hemos dado todos en el Estado de Derecho -ha añadido- No me gusta nada que al Ministerio Fiscal se le pueda acusar de perseguir a los culpables con olvido de las garantías y derechos fundamentales».
Estrella Digital/EP