El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado en relación con la causa por la que se investiga al yerno del Rey, Iñaki Urdangarín, por las actividades del instituto Nóos que «ni existe ni va a existir ningún tipo de conformidad» porque ha dado órdenes «claras y tajantes» de que así sea mientras el asunto se esté instruyendo por el juez de Palma de Mallorca José Castro.
Torres-Dulce ha subrayado en una entrevista que otra cosa diferente es que el Ministerio Fiscal escuche cualquier propuesta que los abogados de las diferentes partes personadas en este proceso puedan hacer.
«Pero simplemente será recibirlos y escuchar», según el principal representante del Ministerio Público, que ha añadido que las informaciones que hablan de un posible pacto para evitar la prisión del yerno de Rey pueden querer buscar «ruido mediático, unas finalidades que no son las estrictamente procesales».
Preguntado por cuáles puedes ser estas finalidades, Torres-Dulce ha señalado que no las conoce, pero que hay que comprender que «cuando no se puede negociar nada porque se está investigando y además se da pábulo a ello en los medios de comunicación, hay que entender que una finalidad estrictamente procesal no se puede estar buscando».
El fiscal general del Estado ha insistido en que los fiscales Anticorrupción adscritos al caso «no quieren ni pretenden ninguna conformidad en este asunto», y que si en el futuro se actúa en este sentido se hará respecto a la calificación jurídica que hiciera el Ministerio Fiscal «si hubiere lugar desde el punto de vista penal».
Lo que sí reconoce Torres-Dulce es una petición de la defensa del socio de Urdangarín, Diego Torres, para reunirse con los fiscales del caso y «expresar algunos deseos futuros». «Pero por parte de la Fiscalía ni se ha negociado ni se va a negociar nada con respecto a conformidades -ha insistido- En primer lugar y fundamentalmente porque se siguen investigando los hechos, y estando abiertos a más posibilidades de investigación resulta absurdo plantear una conformidad que habría que hacer cuando los hechos están totalmente cerrados».
Correos en los que aparece el Rey
Sobre los correos que la defensa de Diego Torres dice tener y que podrían implicar tanto a la infanta Cristina como al Rey Juan Carlos, Torres-Dulce ha afirmado que ignora tanto su existencia como su contenido, pero que «partes que participan en un proceso penal tienen derecho pleno a presentar cuántos elementos legítimos de defensa pudieran entender».
Ha añadido que el Ministerio Fiscal no se va a oponer a ningún elemento legítimo de defensa «ni tiene miedo, por decirlo de alguna forma, a la presentación de dichos elementos de defensa». La aportación de documentos es derecho de la defensa, además de su deber, «y el Ministerio Fiscal está para velar para que ese derecho de defensa se respete en su integridad».
El fiscal general del Estado ha afirmado que siente «el mayor respeto y admiración» por la institución de la monarquía «y muy especialmente por Don Juan Carlos, el rey de España», y que cualquier elemento que pudiera salir va a ser tratado, por parte del Ministerio Fiscal «de forma absolutamente imparcial, atendiendo a las finalidad del proceso, que es la indagación de la verdad a través de los medios legalmente previstos».
Infanta
Torres Dulce también se ha referido a las quejas de la defensa de Torres en el sentido de que su mujer esté imputada en el caso y no se haya hecho lo mismo con la infanta Cristina.
Así, ha aclarado que según la información que le han suministrado tanto el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, como los fiscales adscritos al caso, Pedro Horrach y Joan Carrau, en el momento en que la acusación popular lo pidió «no había dentro del proceso ningún dato que permitiera la incriminación de la infanta Cristina en actividades de tipo delictivo».
La decisión de no imputar a la infanta fue «como debe ser, absolutamente autónoma» de los fiscales del caso, según el máximo representante del Ministerio Público, y él «sólo recibió su trasmisión».
«Lo digo porque en algún medio de comunicación se dijo que yo dí alguna instrucción al respecto, y era una decisión que hubiera podido dar tras analizar los hechos, pero fueron los propios fiscales los que así lo expresaron con criterio absolutamente autónomo», ha insistido.
Según Torres-Dulce, los hechos que se están persiguiendo «requieren una participación activa» y hasta el momento, «por parte de la infanta Cristina no se ha acreditado una participación efectiva y real en tales hechos».
La actividad en dichas sociedades por parte de la infanta Cristina de la que se ha hablado «no tiene relevancia penal de ningún tipo», según el fiscal general. No ocurre lo mismo respecto de la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, sobre quien sí se ha podido entender «que su participación es efectiva y real en los negocios que tienen trascendencia penal»
La participación de la infanta por el momento, según la información de que dispone Torres-Dulce, no ha sobrepasado el hecho de ser partícipe de determinadas sociedad. «Doña Cristina hasta este momento, desde el punto de vista de las investigaciones penales, no ha rebasado el criterio de la mera partícipe societaria de esas actividades», ha insistido.
Estrella Digital/EP