Privatización del Canal sí, privatización del Canal no. Muchos de los madrileños que votaron el pasado 4 de marzo en el referéndum callejero contra la privatización del Canal no sabían realmente a qué se estaban enfrentando. Llegó la especulación de las tecnologías y con ella la crisis del ‘.com’. Llegó la especulación del ladrillo y con ella la crisis inmobiliaria y bancaria que lo absorbió todo y ahora los últimos movimientos políticos apuntan a la especulación con el agua. Que la Comunidad madrileña consiga la privatización del Canal de Isabel II va a suponer desigualar la balanza en España hacia la privatización del agua. Está claro y remarcado por la ONU que el agua pertenece al pueblo, bien, pero las instalaciones necesarias para su depuración, saneamiento y distribución, no.
La excusa madrileña para privatizar el 49% del Canal es conseguir dinero para poder reinvertir en tecnología y adaptarse a la Directiva Marco de la UE. Pero el Canal de Isabel II tiene unos beneficios de 150 millones de euros al año y no necesita dos embalses más –como dijo en su día Ignacio González-, según el Plan Hidrológico del Tajo.
Por tanto, la privatización sólo sería una excusa para la entrada de bancos y constructoras que se van a encontrar todas las instalaciones hechas y sólo van a tener que poner el bolsillo para llevarse parte de esos 150 millones de euros. Mientras hoy las ganancias van para el pueblo y la Comunidad tiene la obligación de reinvertirlo en el mismo -bien en el mantenimiento del propio Canal, bien en actividades de interés para la ciudadanía-, en el momento que la distribución del agua pase a manos privadas, parte de ese beneficio que pagan los ciudadanos se irá también para manos privadas. Sirva como ejemplo lo que ocurrió con Telefónica.
El Canal de Isabel II se encuentra en un momento óptimo a nivel de instalaciones, pero, qué pasaría si no se invierte en ellas en 10 años. Las empresas privadas no tienen la obligación de hacerlo, por tanto, tocará a la Administración Pública, que se queda con el 51% del Canal, asumir los desaliños.
Y mientras unos pagan, las manos privadas se quedan los beneficios. La estrategia es un plan redondo. Además no hay que olvidar que cuando el Canal necesite la construcción de una infraestructura ya estará la constructora de turno para hacerlo sin necesidad de que se abra un concurso público. Por tanto, situaciones como la que publicó ESTRELLA DIGITAL sobre la denuncia puesta al Canal de Isabel II por presunta malversación de fondos públicos por desviar 4,5 millones de euros a Sacyr no se volverá a repetir porque todo queda en casa. Ya se pueden meter los amigos de los que mandan a gestionar que nadie podrá parar lo que ocurra dentro.
Expertos en materia del agua consultados por ESTRELLA DIGITAL señalan que después de la burbuja del ladrillo llega la hidráulica. Los bancos quieren pagar su deuda con el mercado del agua, pero muchos países ya se han puesto en pie de guerra para evitarlo. El año pasado los ciudadanos italianos salieron a la calle para protestar contra la idea de Berlusconi de privatizar el agua y consiguieron que se hiciera un referéndum oficial. Casi 27 millones de italianos aprobaron con un 95% de los votos abolir la norma que pretendía acabar con la gestión pública de ese recurso y con un 96,3% la anulación de la ley que garantizaba al gestor un beneficio automático del 7% con respecto a la inversión, independientemente de la calidad del servicio.
La victoria en los referendos, tal y como explicó en su día Ugo Mattei, docente de Derecho Civil en la Universidad de Turín, representó un “golpe para las potentes multinacionales del agua europeas e italianas que quieren hacer del agua un negocio”.
Los ciudadanos holandeses llevan desde 2006 pidiendo que no se privatice la gestión de este recurso y, mientras, España se adentra en el mundo privado sin ser consciente. La privatización del CYII será definitiva. Supondría que más del 60% de la gestión del agua del país esté en manos privadas. Aunque Esperanza Aguirre aseguró que la inversión privada no supondría un aumento en la factura del agua, en las regiones italianas donde el suministro fue privatizado como Toscana y Umbría, el coste del agua se elevó un 53%.
Parece que Ignacio González, presidente del CYII, lejos de pensar en beneficiar a sus votantes y a los ciudadanos que representa, se apresura a privatizar. Quizá dentro de poco los españoles puedan ver ‘Aguas de Madrid, SA’; otra compañía más que se enriquecerá con las facturas de todos y que se regirá según las leyes de libre mercado. Ya pasó con Telefónica, Tabacalera o Endesa. El agua, de un derecho humano esencial, a un negocio especulativo particular.
María Linares