El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, comparecerá públicamente a las 13.00 horas de este jueves para dar explicaciones en relación con la polémica suscitada tras conocerse que habría realizado una veintena de viajes a Marbella (Málaga), con cargo al presupuesto del órgano de gobierno de los jueces y por un coste de casi 13.000 euros.
Precisamente hoy el Pleno del CGPJ se encuentra reunido desde las 9.30 horas para estudiar, entre oros asuntos, para estudiar la petición de cuatro vocales que exigían dicha comparecencia.
La comparecencia la pide por un lado José Manuel Gómez Benítez, el vocal que denunció los hechos ante la Fiscalía General, que archivó las actuaciones por no ver delito.
A él se unen los vocales del sector «progresista» Margarita Robles, Félix Azón e Inmaculada Montalbán, que exigen esta comparecencia al Pleno en otro documento diferente «a efectos de que la sombra de la duda sobre la utilización de fondos públicos no se extienda a todos los integrantes del CGPJ».
La discusión llega un día después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo haya archivado una denuncia presentada contra Dívar por una asociación de juristas por presunta apropiación indebida y estafa. El archivo se produjo apenas 24 horas después de la presentación de la denuncia.
Además de la comparecencia pública de Dívar, el vocal Gómez Benítez exige al Pleno que se le informe del número de quejas contra el presidente de esta institución que han ido llegando las últimas semanas, y que superan las 1.300. Por otra parte, una página web ha recogido en los últimos días casi 12.000 firmas pidiendo la dimisión inmediata de Dívar.
Transparencia sin explicaciones
Otro grupo de vocales, entre ellos Manuel Almenar y Mariano Collado, designados a propuesta del PP, han elaborado un tercer escrito en el que propugnan igualmente un plan de transparencia para el órgano del gobierno de los jueces, si bien no ven necesarias las citadas explicaciones por Dívar.
En este documento se propone que el CGPJ reconozca el daño causado por esta polémica y se solicitaría la derogación de la actual normativa de justificación de gastos -que data de 1996-, así como la puesta en marcha de una política viajes más transparente que pasaría, por ejemplo, por hacer visibles las agendas de los vocales.