La Audiencia Nacional ha ordenado el bloqueo del yate del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, que se encuentra atracado en el puerto de Barcelona, para evitar un intento de traslado de la embarcación fuera del territorio de la Unión Europea (UE), según el auto dictado el 5 de junio por el juez Eloy Velasco.
Esta paralización parte de una petición formulada por la Fiscalía tras recibir una advertencia de la Aduana Marítima de Barcelona en la que comunicaba haber recibido una petición de exportación del barco con la finalidad de «colocar a buen recaudo y fuera del territorio de la UE un bien patrimonial» propiedad de la familia de Díaz Ferrán.
La embarcación, que lleva por nombre ‘Leuqar III’, el nombre al revés de Raquel, la esposa de Díaz Ferrán, tiene 27 metros de eslora y quedará custodiado hasta que finalice la investigación abierta contra el empresario y su socio Gonzalo Pascual por presunta estafa y apropiación indebida en Viajes Marsans.
De esta forma, el juez pone la embarcación bajo custodia de la unidad de Vigilancia Aduanera para evitar su venta con la finalidad de utilizarlo para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles derivadas del caso. El barco tiene un valor aproximado de cinco millones de euros. La embarcación es propiedad de la sociedad patrimonial de Díaz Ferrán Inversiones Gurdisán, que fue vendida al empresario valenciano experto en quiebras Ángel de Cabo cuando adquirió el Grupo Marsans a través de la sociedad Posibilitum Business en junio de 2010.
Meliá Hoteles, AC Hoteles y Viajes Iberojet
Este bloqueo se produce dentro de la causa abierta en febrero por el juez Eloy Velasco por una querella presentada por Meliá Hoteles, AC Hoteles y Viajes Iberojet contra los antiguos propietarios de Viajes Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, así como contra Posibilitum Business por las deudas contraídas con ellas.
Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz mantiene abierta otra causa contra los antiguos dueños de Viajes Marsans por apropiación indebida de 4,4 millones de euros procedentes de los clientes. En esta causa también está imputado el último director general de la empresa turística, Iván Losada, representante de la sociedad Posibilitum Business.