Quien la hace la paga. La Fiscalía Anticorrupción ha seguido a rajatabla el aforismo popular en sus conclusiones definitivas sobre los procesados de la trama Malaya, a los que pide no sólo casi 500 años de cárcel sino, sobre todo, el pago de multas de 3.780 millones de euros, es decir, casi 630.000 millones de las antiguas pesetas. Es Juan Antonio Roca, considerado el cerebro de la red corrupta que campeó en Marbella a sus anchas, quien se arriesga a pagar la sanción más alta: 810 millones de euros. Soborno, blanqueo y malversación, forman el trípode sobre el que se sustenta la panoplia de delitos que le atribuye el ministerio público.
Si la Audiencia de Málaga atiende las peticiones de la Fiscalía, que ha retirado su acusación contra nueve procesados secundarios de los 95 originales, Roca será condenado a 30 años de prisión y perderá una ingente fortuna de palacios, fincas, obras de arte y vehículos de lujo, amasada con el barro de la corrupción. Como ocurre en los casos de narcotráfico, Anticorrupción también ha pedido la incautación irreversible –comiso- de todos los bienes de la familia Roca ligados a los delitos por los que se juzga al antaño todopoderoso empleado municipal. Es decir, los adquiridos a partir de 1997. Y, según los números del fiscal, Roca demostró entre 1997 y 2005 una “capacidad de gasto” de 200 millones de euros en números redondos pese a que el exasesor municipal y su mujer sólo declararon ingresos por 940.302 euros.
El escrito de la Fiscalía constituye en sí mismo un memorial de agravios del periodo más negro de la Costa del Sol, cuando Roca manejaba de facto el lápiz del urbanismo y las licencias y seguía la estela de Jesús Gil. Los alcaldes que gobernaron Marbella bajo el mando real de Roca, Julián Muñoz y Marisol Yagüe, también pagarán. Para Yagüe el fiscal pide 16 años de cárcel, cuatro menos que en su escrito provisional de conclusiones; para Muñoz, mantiene los 10 años iniciales. Y los 12 que solicitaba para Isabel García Marcos, que pasó de representar el papel de azote de Jesús Gil como portavoz socialista a revelarse como un –presunto- miembro más de la trama corrupta.
Los antiguos integrantes de la corporación municipal marbellí tendrán que indemnizar al consistorio de forma solidaria con 4,16 millones de euros si la Audiencia impone las penas que reclama el fiscal.