Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA el 23 de enero de 1995 en San Sebastián, se entrevistará hoy en la cárcel de Zaballa (Álava) con el preso etarra Valentín Lasarte, de quien espera que le pida perdón por este crimen.
Este encuentro se enmarca dentro de los programas de reinserción de presos condenados por todo tipo de terrorismo y crimen organizado del Ministerio de Interior, que incluyen reuniones entre víctimas y victimarios.
Consuelo Ordóñez no quiere sin embargo convertir esta reunión en un «show mediático», por lo que ha advertido de que hoy no atenderá a los medios de comunicación cuando acuda o salga de la cárcel y ha convocado una rueda de prensa para el sábado en Vitoria en la que relatará sus impresiones sobre esta cita.
Fue ella misma quien solicitó al Ministerio del Interior la reunión con Valentín Lasarte, condenado a casi 400 años de prisión por su participación en siete asesinatos, entre ellos el del político guipuzcoano, por el que le impusieron 30 años como «cooperador necesario» de este atentado.
El 23 de enero de 1995, Lasarte vio entrar al concejal en el bar «La Cepa» de la Parte Vieja donostiarra y, tras cerciorarse de que se sentaba a comer con otras tres personas, entre ellas la que era su secretaria y luego dirigió el PP vasco María San Gil, avisó a los miembros del comando, y uno de ellos lo mató.
Lasarte fue de los primeros presos de la banda terrorista que se alejó de la disciplina de ETA. En enero de 2010 fue expulsado del colectivo de presos de la organización y un año más tarde fue trasladado a la cárcel alavesa de Nanclares de la Oca.
Consuelo Ordóñez ha manifestado que quiere ver cara a cara a Lasarte y saber si le pide perdón porque no cree en su arrepentimiento.
Este tipo de encuentros han sido criticados por algunas víctimas del terrorismo e incluso por responsables de la Oficina de Atención a las Víctimas del Gobierno Vasco por los «riesgos» que conlleva destacarlas en los medios de comunicación «con tanto morbo».
Sin embargo, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, las ha defendido porque, a su juicio, pueden servir para que los terroristas sean mejores personas que cuando entraron en prisión.