La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la legalización de Sortu, no sólo le ha ocasionado a la institución un aluvión de críticas, sino que también ha puesto en cuestión su utilidad y ha avivado el debate sobre su existencia. La primera en hacerlo fue la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, que el pasado jueves, a su entrada en la Asamblea, y con la resolución sobre la formación abertzale aún muy caliente dijo que le parecía una «vergüenza» y que creía que había llegado «el momento» de plantearse muy seriamente por qué tiene que haber un tribunal nutrido por políticos, que se llaman magistrados pero no lo son. «A lo mejor tenemos que pensar que el Constitucional sea una sala del Supremo», llegó a plantear la ‘popular’.
Unas polémicas declaraciones por las que ya fue preguntado el Gobierno este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y sobre las que este lunes también ha tenido que pronunciarse la dirección nacional del Partido Popular. En respuesta a una pregunta formulada por ESTRELLA DIGITAL en rueda de prensa, la secretaria general de los ‘populares’, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que -«hoy por hoy»-, el Tribunal Constitucional aparece contemplado en la Constitución y que cree que España no está en el mejor momento para plantearse una reforma de la Carta Magna. Aunque no ha descartado expresamente la propuesta de la presidenta madrileña.
Por el momento, el argumentario del Partido Popular a este respecto, pasa por solucionar primero los problemas económicos del país y luego «ya se verá». Según explican fuentes ‘populares’, en estos instantes, lo que menos le conviene a España es otro escándalo político que pueda desestabilizar uno de los pilares que sustenta al Estado, como es el caso de la Justicia, cada vez peor valorada por la opinión pública. «Debemos de ser responsables», han asegurado a este periódico desde Génova, donde en ningún momento han ocultado su enfado por la sentencia que permite a Sortu entrar en el juego político. «No es una buena noticia para la democracia ni tampoco para la inmensa mayoría de los españoles», ha sentenciado De Cospedal.
Ahora bien, el PP prefiere pasar de largo por la polémica y continuar con el calendario previsto. Esta semana, y si «todo va bien», el Gobierno y el PSOE alcanzarán un acuerdo para renovar a los docemiembros del Tribunal Constitucional. «La preocupación del Ejecutivo no es otra que fortalecer y mejorar la imagen de las instituciones españolas dentro y fuera del país. En eso también va la imagen de España, que acaba influyendo en cosas que también dan de comer», explicó este viernes la portavoz gubernamental, que también aseguró que el Ejecutivo está haciendo «todo lo posible para cumplir con el plazo», que concluye este viernes. Dede la sede nacional, ratifican esta intención.