El Pleno del Congreso ha dado vía libre este jueves de forma definitiva a la reforma laboral incorporando las enmiendas que se aceptaron durante su paso por el Senado, por lo que tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) entrará en vigor en todos sus términos.
La modificación normativa aprobada por el Consejo de Ministros, y que lleva en vigor desde febrero, ha sido modificada tanto en el Congreso como en el Senado, si bien la mayor parte de las enmiendas que se han aceptada fueron presentadas por el PP o pactadas por el partido mayoritario con CiU. No obstante, también UPN y FAC han mostrado su acuerdo con la nueva normativa.
Entre los cambios introducidos durante la tramitación parlamentaria de la reforma destacan la limitación de la vigencia del contrato de emprendedores al tiempo que el paro supere el 15%; la priorización de contratación a víctimas del terrorismo o de violencia doméstica; o la exclusión del despido por absentismo de enfermos crónicos, graves o de cáncer.
Sin embargo, los aspectos más controvertidos de la norma, que provocaron incluso la convocatoria de una huelga general, se han mantenido íntegramente. Por eso, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) recurrirá al Tribunal Constitucional, una opción con la que también amenazó el PSOE si bien no ha concretado aún su decisión definitiva. Lo que sí han prometido los socialistas es modificar la ley en cuanto tengan ocasión de hacerlo.
Principales cambios de la normativa
Entre los principales cambios incluidos en la reforma laboral destacan la creación de un nuevo contrato para empresas de hasta 50 trabajadores, que contempla deducciones fiscales por cada nueva contratación indefinida de jóvenes o parados; la modificación de los contratos a tiempo parcial y la regulación del teletrabajo.
Además, se limita la ultraactividad de los convenios vencidos a un año, se facilita el descuelgue primando el convenio de empresa por encima de los sectoriales o autonómicos; se facilitan las modificaciones de condiciones salariales, se clarifica el despido objetivo, se elimina la autorización previa para despidos colectivos y se reducen las indemnizaciones.
También se abre la puerta a los despidos en el sector público, si bien el personal fijo que haya pasado por un proceso selectivo será el último en ver sus contratos rescindidos; y también se crea una cuenta de formación y un nuevo contrato de aprendizaje.