lunes, noviembre 25, 2024
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El Tribunal de Cuentas enterró la investigación sobre los convenios de Urdangarin

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El Tribunal de Cuentas, máximo organismo encargado de velar por la legalidad de las cuentas públicas, echó tierra sobre los convenios de Iñaki Urdangarin con la Generalitat valenciana y se negó en 2010 a abrir un proceso para reclamar a los gobiernos de Francisco Camps y Rita Barberá la devolución de los 3,5 millones pagados a la aparente ONG Instituto Nóos.

Hasta ahora, todos los testimonios y documentos recabados por el juez José Castro y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, que investigan a Urdangarin por graves delitos de corrupción, señalan en una misma dirección: la de que, utilizando el manto  de una asociación sin ánimo de lucro, el yerno del rey y su socio, Diego Torres, se lucraron de una manera desorbitada. Y que lo hicieron inflando costes que ni siquiera justificaron luego y que, llegado el momento, intentaron tapar con presuntas facturas falsas. Pero el Tribunal de Cuentas, cuyos miembros acceden al cargo de consejero a propuesta de las grandes formaciones políticas, no observó nada irregular en el proceso.

La decisión del tribunal de cuentas, ahora comunicada al juez del caso e incorporada al sumario, se produjo el 2 de marzo de 2010. Fue la consejera Ana Pérez Tórtola cerró el procedimiento abierto bajo el código A13/10. Y lo hizo a instancias del fiscal del Tribunal de Cuentas pese a que había sido precisamente esa fiscalía la que impulsó la apertura de una investigación contable tras recibir los informes de la Sindicatura de Cuentas valenciana. En esos informes, la Sindicatura censuraba abiertamente a la Generalitat por otorgar a dedo a Instituto Nóos la organización de las cumbres turístico-deportivas conocidas como Valencia Summit y que entre 2004 y 2006 costaron a la Generalitat y al Ayuntamiento de Valencia 1,04 millones cada año sufragados paritariamente.  El órgano fiscalizador estatal sólo analizó la actuación de la empresa pública de la Generalitat Ciudad de las Artes y las Ciencias SA (Cacsa), que financió el 50% de las Valencia Summit.

Por supuesto, la Generalitat también se opuso a que el procedimiento siguiera adelante. Y así lo expone el auto de Pérez Tórtola. En esa resolución, la consejera Pérez Tórtola, elegida a propuesta del PSOE, concluye lo siguiente: “Declarar que no procede la incoación de juicio en el presente procedimiento de reintegro por alcance”. En el argot contable, se denomina alcance al saldo deudor no justificado en una cuenta pública. Si el tribunal de cuentas entiende que ha habido alcance, son los gestores quienes deben devolver el dinero, con independencia de que haya o no indicios de delito penal.

Este jueves, fuentes del Tribunal de Cuentas confirmaron que tras el dictamen de marzo de 2010 el organismo nunca más abordó los convenios de Instituto Nóos. En resumen, enterró el asunto, que habría quedado impune de no ser porque el juez de Palma que ya instruía el caso Palma Arena entendió en 2011 que los manejos de la ONG de Urdangarin guardaban conexión con los hechos investigados y abrió una pieza separada.

El sumario del caso Nóos incluye un informe de la Intervención General del Estado sobre los convenios de Valencia con Instituto Nóos. Fechado el 20 de noviembre de 2010, un año antes de que Urdangarin acabara imputado, los funcionarios que lo elaboraron consignan en sus páginas una reflexión que habla por sí misma: “Los redactores del presente informe (con muchos años de servicio en su actividad profesional) jamás se han encontrado con un supuesto como el contemplado”.

Es decir, nunca habían topado con un convenio que establecía un “canon” para una supuesta ONG con la que una administración había firmado un convenio que le garantizaba pingües ingresos sin exigencia de contrapartidas concretas y sin necesidad de justificar el gasto.

El último de los convenios suscritos por Nóos con el Gobierno de Camps tenía por misión el “diseño” de unos fantasmales Juegos Europeos para los que la Generalitat comprometió nada menos que seis millones de euros con la ONG del yerno del rey. Finalmente, Nóos sólo cobró 382.000 euros. En ese acuerdo, el tribunal de cuentas ni siquiera ha entrado.

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