Ya conocemos unos pocos detalles más sobre la próxima gran reforma del sistema judicial español. Este viernes, y desde La Moncloa, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha presentado algunas de las novedades que incluirá la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial que el Gobierno está ultimando con ayuda de una comisión de expertos. Según ha anunciado Gallardón, se endurecen los requisitos que se le requerirán al presidente del Consejo General del Poder Judicial: deberá ser magistrado de la sala del Supremo con al menos 3 años de antigüedad y 25 años de experiencia en la carrera judicial. Y se determina que únicamente esa figura tendrá dedicación exclusiva en el órgano. Es decir, el resto de miembros (20 vocales) deberán compaginar su participación en la institución con el ejercicio de su carrera profesional y su remuneración será mediante el cobro de dietas. Un cambio, que según el ministro, provocará un mayor número de candidatos a ocupar uno de estos puestos.
El presidente del CGPJ deberá acreditar una experiencia de 25 años en la carrera judicial
El ministro ha hecho este anuncio junto a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Donde ha explicado las primeras conclusiones a las que ha llegado el Ejecutivo después de haber analizado el informe que su departamento encargó el pasado dos de marzo a un grupo de expertos sobre la reforma del sistema judicial español, y en particular del órgano de gobierno de los jueces, cuya imagen se ha visto deteriorada tras los últimos escándalos que han rodeado a la institución y que han supuesto la dimisión de su presidente.
En este contexto, el ministro de Justicia ha elogiado la «independencia» de los jueces españoles, aunque ha abogado por la necesidad de mejorar la gestión del Consejo General del Poder Judicial. Este viernes, Gallardón únicamente se ha centrado en el CGPJ y ha emplazado el grueso de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para septiembre u octubre. Según el titular de Justicia, la reforma del Consejo General del Poder Judicial se ha adelantado por cuestiones de calendario. El objetivo del Gobierno es que la nueva normativa pueda aplicarse de cara a la próxima renovación del órgano cuyo plazo concluye en septiembre de 2013 y «evitar» así que se establezca una «prórroga como la producida con los órganos constitucionales».
El plazo para renovar el CGPJ concluye en septiembre de 2013
Con intención de optimizar la función de esta institución, se crea la figura del vicepresidente del Supremo, se constituye un cuerpo de letrados en el CGPJ y se simplifica el sistema de mayorías de manera que, por regla general, las decisiones se adoptarán por mayorías simples. El Gobierno sugiere igualmente ajustar las competencias del Consejo a las reguladas por la Constitución, que tienen que ver con los nombramientos, los ascensos, la inspección y el régimen disciplinario. En este sentido, ha puesto el ejemplo de la actividad internacional, que según la nueva normativa deberá ser coordinada con el Ministerio de Asuntos Exteriores. En relación con la eficacia, ha indicado que las comisiones quedarán reducidas a las competencias que la Constitución establece como propias. Ha aludido a la permanencia de la Comisión de Igualdad, la Comisión Permanente -compuesta por un presidente y cuatro vocales elegidos anualmente- y la Comisión Disciplinaria, que pasará a sustituir un principio «inquisitorial por uno acusatorio».
Despolitización y consenso con la oposición
Todas ellas, todavía propuestas que el Gobierno pretende «consensuar» con el resto de fuerzas parlamentarias. Lo ha dicho en varias ocasiones: «Se trata de una reforma estructural y sería positivo que tuviese amplío consenso para darle garantía de permanencia». En este sentido, el ministro de Justicia ha explicado que su intención es enviar «hoy mismo» el contenido de ese informe con los cambios sobre el Consejo del Poder Judicial a todos los grupos políticos y así aprobar «cuantos antes» una reforma que cuente con «el valor añadido» de un amplio acuerdo parlamentario.
Para ello, y según han confirmado fuentes del ministerio, Gallardón está dispuesto a negociar con la oposición todos los puntos de la reforma. Incluida su propuesta estrella de despolitizar el mecanismo de nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y que consiste en que a partir de ahora sean los mismos magistrados y juristas los que elijan a los miembros del órgano, sin pasar por el Congreso y el Senado. Una iniciativa a la que el PSOE se opone frontalmente. «La elección de los vocales del Poder Judicial por parte del Parlamento es una cuestión innegociable», ha advertido este viernes el portavoz de Justicia socialista, Julio Villarrubia, que asegura que si el PP aprovecha su mayoría absoluta para cambiarlo, «el PSOE a las 24 horas de recuperar la mayoría parlamentaria derogaría esa ley porque se trata de una ocupación por parte del PP del Poder Judicial». Según informa Europa Press, Villarrubia cree que esa medida deja «en manos conservadoras de forma permanente e indefinida» ese órgano.
Elsa S. Vejo