La investigación está cerrada. Tan rápido como pronunciar la frase solventa el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, su comparecencia en la Comisión de Investigación de este miércoles en el Senado para explicar la titularidad y la utilización del ático de Alhambra del Golf, Marbella, que mantiene alquilado el vicepresidente madrileño, Ignacio González.
Tan anodina la comparecencia como sus respuestas, no se ha sacado en claro ninguna de las preguntas realizadas por el senador socialista, Enrique Cascallana: ¿Recibe usted habitualmente llamadas del vicepresidente? ¿Cómo fue la compra del ático? ¿De dónde viene el dinero? ¿Era blanco? ¿Es el precio que paga González el mismo que el de la zona? ¿Quién lo cobra? ¿Sabía que la empresa Coast Investors estaba inactiva? ¿A qué se dedica esa empresa? ¿Vende más inmuebles en España? ¿Paga el IBI?
Preguntas claves para esclarecer el caso, que era el objeto de la comparecencia, no fueron contestadas. Cosidó se limitó a repetir dos principios básicos de la actuación policial; riguroso secreto y presunción de inocencia. Y a continuación, tras relatar cronológicamente cómo habían transcurridos los hechos relacionados con las investigaciones acerca del ático, determinó que actualmente “estamos ante una investigación concluida”.
Según Cosidó, la Dirección General de la Policía cerró cualquier investigación relacionada con el ático de Marbella un día después de que el SEBLAC informara de que no existían datos sobre operaciones sospechosas sobre movimientos de efectivo en las que hubiese participado las personas investigadas. El director general de la Policía ha sido el único en comparecer tras la negativa tanto del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y la del vicepresidente madrileño, Ignacio González. A ambos se le pidió la comparecencia el pasado mes de marzo.
Para Cascallana el vicepresidente de la Comunidad parece que tiene “protección absoluta” y debería ser él el primero que debería dar explicaciones. Pero precisamente eso, explicaciones, es lo que ha faltado desde la Policía.
La respuesta de la bancada popular, sin embargo, se ha basado en echar un cable a Cosidó asegurando que el senador socialista tiene su propia investigación en la cabeza y le interesa estirar “el chicle” ante la falta de asuntos más importantes.
Cuatro meses ha costado seguir sin saber nada sobre quién es el propietario del ático, si pertenece o no a Ignacio González, si se compró o no con 600.000 euros en negro o si fue el pago de una comisión. Absolutamente nada. Conclusión; Interior acusó a la Policía de hacer una investigación ilegal y lo único que hace es sancionar al comisario Agapito Hermes con 10 días de suspensión de sus funciones por perder unos documentos. Todo con mucho sentido. Eso sí, para no perder ripio, entre los asistentes, un empleado de prensa de la Comunidad de Madrid.