La presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, y el portavoz del PP en las Cortes regionales, Francisco Cañizares, han sido citados este miércoles en un Juzgado de Coslada (Madrid) tras la demanda presentada por ‘Detectives Almirante’ por afirmar que el PSOE había contratado a esta agencia para espiar al PP.
Los tres políticos de Castilla-La Mancha han sido citados en «audiencia previa al juicio» en el Juzgado de Primera Instancia e instrucción número 5 de Coslada, aunque previsiblemente no acudirán y estarán representados por sus abogados y procuradores, según han dicho a Efe fuentes del PP.
La cita tiene por objeto «intentar un acuerdo» entre las partes, fijar el objeto del proceso y proponer o admitir pruebas, según consta en las diligencias judiciales remitidas a Efe.
Otras fuentes próximas a Cañizares interpretan este caso como un «capítulo más de la persecución del PSOE contra dirigentes del PP» y sostienen que la cita de hoy es un «trámite sin importancia».
Estas fuentes enmarcan la denuncia en la «persecución que hizo el Partido Socialista antes de las elecciones municipales contra dirigentes del PP de Ciudad Real», ya que esta provincia se consideraba clave para alzarse con la presidencia de la Junta de Comunidades.
En este sentido, estas mismas fuentes han señalado a Efe que no se trata de la primera vez que cargos del PP están citados por otras causas en las que «siempre está detrás el PSOE» y que al final han quedado «en citas previas».
La agencia de detectives, dirigida por Isidro García González, quien ha reconocido ser militante socialista, presentó la demanda el pasado mes de enero por «intromisión ilegítima en el honor» de sus responsables y solicita que cada uno de ellos indemnice a la parte demandante con cien mil euros.
Además, ‘Detectives Almirante’ pretende que los dirigentes del PP publiquen, en su caso, la sentencia condenatoria en cada uno de los medios que se hicieron eco de las declaraciones.
Los hechos se remontan a los primeros meses de 2011, cuando Cospedal dirigía el PP regional, pero aún no era presidenta de la Junta; Cañizares era portavoz municipal en Ciudad Real y Romero, como ahora, alcaldesa de esa ciudad.
Según la demanda, esas acusaciones no pudieron ser acreditadas, pues eran «falsas», pero causaron «un grave perjuicio» en el plano económico, profesional y de menoscabo de su imagen a la agencia de detectives.
Asimismo, recuerda que Cospedal no se retractó de las declaraciones cuando se le ofreció esa posibilidad en un acto de conciliación.