El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado este miércoles que la reforma de la ley electoral para que los ciudadanos vascos y navarros exiliados por culpa de la amenaza de ETA puedan votar en sus comunidades autónomas es «viable» y «posible» técnica, jurídica y constitucionalmente. Así lo ha asegurado Fernández Díaz, que ha expuesto las conclusiones de un seminario en el que veinte expertos juristas han analizado el derecho al voto en el País Vasco y Navarra de quienes se han visto obligados a abandonar estas comunidades autónomas por la amenaza de ETA.
Las conclusiones incluyen una propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) para que pudieran votar quienes acrediten la residencia durante al menos cinco años en el País Vasco y Navarra entre el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones, y el 31 de diciembre de 2011. Se propone un artículo 33 bis en la ley para que los interesados presenten una declaración ante la oficina del censo electoral de su lugar actual de residencia en la que aseguren que dejaron esas comunidades por la «presión de la violencia terrorista».
Ese documento tendrá «presunción de veracidad», según ha explicado el director del Centro de Estudios, Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás, en rueda de prensa conjunta con el ministro. Esas personas podrán votar en todas las elecciones y referendos, con preferencia del voto por correo.
El titular de Interior ha indicado que, si bien el Gobierno podría tener lista la reforma para las próximas elecciones vascas (2013), no será este el caso por el ánimo del Gobierno de consenso en el Parlamento y por desvincularlo de las acusaciones de querer favorecer, supuestamente, a unos u otros. «No estamos pensando en las primeras elecciones, sino en las próximas generaciones», ha dicho.
El ministro ha hablado de la idea de acuerdo con los gobiernos vasco y navarro, y con todos los grupos parlamentarios, como PNV y UPN y especialmente el socialista, pero ha dicho que no se hablará con Amaiur, sin citarlo, pues el acuerdo no es posible mientras no exija a ETA la disolución. El ministro ha insistido en que la reforma final dependerá del debate parlamentario, siempre con la idea de reparación y justicia.
Fernández no ha dado ninguna cifra de cuántas personas estarían en condiciones de votar según esa reforma, pero ha comentado que un solo vasco o navarro no hubieran podido ejercer el derecho de voto para que esto «tuviera sentido».